Tras la destitución y detención de Joselit Ramírez, superintendente de criptoactivos en Venezuela, por supuestos actos de corrupción, el gobierno venezolano ordenó la reestructuración del ente regulador.
De acuerdo con Boletín Oficial extraordinario 6.739, publicado el pasado viernes 17 de marzo, la reorganización de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), tendrá un plazo de seis meses extensible.
Junta de reestructuración de la organización Lo preside Anabel Pereira Fernándezabogado que hasta 2022 fue presidente del Fondo de Protección Social para los Depósitos Bancarios (Fogade).
Pereira estará acompañada por tres directores principales: Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González y Julio César Mora Sánchez. Pavel Javier García Sandoval, Ramón Daniel Maniglia Darwich, Carlos Eloy Pirela Méndez, Larry Daniel Davoe Márquez y Edgardo Alfonzo Toro Carreño fueron nombrados directores suplentes.
El yute será coordinado, inspeccionado y controlado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
El plan de reorganización de Sunacrip incluye la definición de una nueva «estructura orgánica, administrativa y funcional», reforma que apunta a «obtener una mayor eficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos», según el documento oficial.
Joselit Ramírez es buscado por EEUU.
La salida y detención de Joselit Ramírez forma parte de un operativo policial destinado a castigar supuestos casos de malversación e irregularidadessegún lo informado por CriptoNoticias.
En este caso, las autoridades investigan la supuesta Faltan $ 3 mil millones de la venta de 120 millones de barriles en 2022, que al parecer no ingresaron a las arcas del Estado. Sin embargo, uno medio local Afirma que el valor es de US$ 5 mil millones.
Esto sugiere que Venezuela probablemente reciba criptomonedas como parte del pago por vender su petróleo, como una forma de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Ramírez está al frente de la Sunacrip desde 2018 y en junio de 2020 fue acusado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para perteneceruna banda del crimen organizado transnacionalDe hecho, las autoridades estadounidenses están ofreciendo una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su arresto y/o condena.
Según EE. UU., Ramírez trabajó con otros «para violar y evadir las sanciones de la OFAC relacionadas con los narcóticos». Además, supuestamente “coordinó viajes de personas y funcionarios del gobierno venezolano sancionados” por Estados Unidos.
