La formación cántabra pide también aclarar la ley de residuos y eximir del límite de emisiones a la ganadería extensiva
Santander, 11 de febrero. (Diario de Cantabria) –
El Partido Regionalista Cántabro (PRC) defenderá la próxima semana en el pleno del Congreso una iniciativa para reclamar al Gobierno la inclusión de la ganadería, tanto extensiva como intensiva que cuestionó el ministro Alberto Garzón, en todo tipo de ayudas públicas relacionadas con el sector agrario.
La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, resulta de una interpelación urgente del diputado nacional del PRC, José María Mazón, dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el pasado miércoles en el Congreso.
En su propuesta, el PRC solicita que el ganado sea elegible para “todo tipo de ayuda pública relacionada con el sector agrícola, sin discriminación alguna”. En este sentido, la formación cántabra insta al Gobierno a «afirmar su compromiso» en la defensa del sector ganadero.
Durante la interpelación, el ministro Luis Planas aseguró que el Gobierno es un «firme defensor» de la ganadería extensiva, que, por cierto, dijo que es «sostenible económica y medioambientalmente» en España.
ACLARACIONES SOBRE LA LEY DE RESIDUOS Y NUTRICIÓN DE SUELOS
En la misma propuesta, el PRC pidió aclarar varios artículos de la ley de residuos y el decreto sobre nutrición sostenible en suelos agrícolas.
En el caso de la ley de residuos, el CRP ha instado a que se aclare el apartado 3 del artículo 27, relativo a la quema de residuos, para que no existan «discrepancias y diferentes interpretaciones» entre los distintos departamentos ministeriales y los órganos autonómicos en la consideración de fincas que tienen permitido quemar residuos vegetales generados en el medio agrícola o forestal.
En cuanto a la nutrición de los suelos agrícolas, la RPC ha propuesto eximir a las explotaciones ganaderas extensivas de la elaboración y aplicación de un plan de fertilización y del cumplimiento de los requisitos de emisión cuando se apliquen purines o purines sólidos o materias orgánicas u organominerales, incluidos los residuos.
Según el PRC, el decreto prohibía ciertas prácticas en la gestión de estiércol y purines e introducía nuevos requisitos administrativos que suponen una carga económica para el “sector ganadero ya muy afectado”.
Además, el CRP señala que el documento no tuvo en cuenta circunstancias determinantes como las características climáticas y orográficas, el modelo de agricultura familiar, la estructura de la propiedad rural o el sistema de exploración y uso del territorio, que se vieron especialmente afectados , señala las formaciones, exploraciones de la cornisa cantábrica.
“Los requisitos contenidos en esta normativa son en algunos casos imposibles de cumplir y, en todo caso, contribuyen a incrementar los ya inflados costes de producción de nuestras explotaciones ganaderas”, denuncia la RPC.
