Este jueves se anunciaron 44 nuevas ventas en Castilla y León, Galicia y Madrid
El CGPJ pedirá ahora a los juzgados datos sobre resoluciones en aplicación de la ley
Santander, 9 de febrero (Diario de Cantabria) –
El número de personas condenadas por delitos sexuales que se beneficiaron del nuevo marco penal incluido en la ley ‘solo el sí es sí’ asciende al menos a 507, entre revisiones de sentencias menores y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la libertad de 42 personas. Las últimas 44 tandas de penaltis se disputaron en Castilla y León, Galicia y Madrid.
Son 107 casos más que el viernes pasado, cuando el número de personas a las que se les redujo la pena llegó a 400. El lunes, solo el PSOE registró su reforma en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual por la que se aplican reducciones de pena. El martes la cifra llegó a 415. Ayer miércoles fueron beneficiados 463. Este jueves hay 504 beneficiados.
La lista aumentó porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificó 31 nuevos casos de reducciones registrados en la comunidad autónoma, alcanzando los 73. También añadió una nueva entrada.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León registró 11 rebajas más -10 de ellas en Burgos y 1 en Zamora-, con lo que esta comunidad suma un total de 32.
Por su parte, en Galicia, la Audiencia Provincial de A Coruña revisó a la baja las penas de prisión impuestas a dos condenados por delitos sexuales.
Este mismo jueves, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha acordado solicitar a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Audiencias Provinciales las resoluciones dictadas en relación con la aplicación de la Ley Orgánica para la Garantía Integral de la Libertad Sexual.
CASOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A 9 de febrero se han confirmado revisiones y rebajas de penas en 17 comunidades autónomas. Según los datos recogidos hasta el momento por Europa Press, hay 112 en Andalucía, 73 en Madrid, 55 en la Comunidad Valenciana, 53 en el País Vasco, 45 en Galicia, 39 en Baleares, 32 en Castilla y León, 20 en Castilla-La Mancha, 16 en Asturias, 14 en Canarias, 13 en Cataluña, 10 en el Tribunal Supremo, 8 en Extremadura, 7 en Cantabria, 4 en Navarra, 2 en Murcia, 2 en La Rioja y 2 en Aragón.
De estos 507 casos, 42 dieron lugar a excarcelaciones de condenados: 8 en Andalucía, 7 en Madrid, 6 en el País Vasco –1 por orden del Tribunal Supremo–, 5 en Castilla y León, 4 en la Comunidad Valenciana, 3 en Baleares, 2 en Galicia, 2 en Cantabria, 2 en Asturias, 1 en Extremadura, 1 en Canarias y 1 en Castilla-La Mancha.
Los casos aquí registrados representan una estimación baja, ya que no todos los Tribunales Superiores mantienen un registro actualizado de la cantidad de casos de reducción que se tramitan en sus juzgados. Al margen, también se computaron cientos de revisiones en las que los jueces consideraron que no procede aplicar retroactivamente la reforma penal, entre otras razones, porque la sentencia se encuentra dentro del rango actualmente vigente.
PROPUESTA DE REFORMA
El pasado 20 de enero, la ministra de Justicia, Pilar Llop, lamentó que la ley «solo el sí es sí» no tuvo «los efectos deseados» y garantizó que en el ámbito del derecho transitorio el Gobierno «pensó que otro tipo de respuesta» en según la propuesta de la Fiscalía General del Estado.
Así, el pasado lunes, el PSOE presentó en solitario al Congreso su propuesta de reforma de la ley actual. La iniciativa del departamento que lidera Llop incluye la violencia y la intimidación como subtipo, elevando las penas, tanto en los casos de agresión sexual -de 1 a 5 años de prisión, frente a los de 1 a 4 años para ‘só sim’ y sí’- -, como en aquellos ataques en los que hay penetración (violación) –que oscila entre los 4 y los 12 años que recoge la Ley de Igualdad, para un rango entre los 6 y los 12 años–.
Ayer miércoles, en la sesión de control de Gobierno celebrada en la Cámara de Diputados, Llop reconoció «la gravedad» de las situaciones que viven algunas víctimas afectadas por la reducción de penas en aplicación de la ley «sólo el sí es sí». en ese sentido, indicó que el Ejecutivo ha actuado por ellos.
La ministra aseguró que se siente «absolutamente responsable de la reforma» que presentó esta semana el Grupo Socialista y dijo que asume «en primera persona lo que puede pasar» cuando se produzca.
«MÁS FAVORABLE A LA DEFENSA»
En las modificaciones acordadas hasta el momento, los magistrados explican que estas revisiones a la baja se hacen porque el propio Código Penal, en su artículo 2.2, establece que se debe aplicar siempre al preso la ley «más favorable».
La ley del ‘sólo el sí es sí’ provocó que el delito de agresión sexual absorbiera al de abuso sexual, lo que significa que un delito que hasta ahora incluía una conducta más grave incorpora una menos grave, por lo que la bifurcación penal también ha sido ampliado para cubrir toda la gama de conductas que ahora se castigan como agresión sexual.
Así, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el número de casos en los que se aplican bonificaciones seguirá creciendo debido a las revisiones pendientes en todas las comunidades autónomas.
EL CRITERIO DEL SUPREMO
El Tribunal Supremo aseguró en su sentencia sobre el ‘caso Arandina’ que la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual es «obligatoria» porque es «más favorable» a la presa.
El tribunal superior tuvo que hacer uso de la modificación penal al revisar la sentencia del ‘caso Arandina’ y condenó a dos exjugadores de ese club de fútbol a 9 años de prisión -y no 10, como pedía el Ministerio Público-. sólo sí es sí’.
Los magistrados elevaron las penas -de 4 y 3 años según fijaba el TSJ de Castilla y León- tras eliminar las atenuantes que se habían considerado por la proximidad de edad y madurez entre el condenado y la víctima.
Hasta el momento, la Corte Suprema ha revisado 16 sentencias bajo la ley: en 9 de ellas las sentencias no han sido modificadas; en los otros 7 si. De estas 7 sentencias se beneficiaron un total de 10 condenados. Uno de ellos dio lugar a un lanzamiento en el País Vasco.
