Castilla y León, Asturias, Extremadura y Galicia, las CCAA que más población han perdido en los últimos diez años

Castilla y León, Asturias, Extremadura y Galicia, las CCAA que más población han perdido en los últimos diez años

Santander, 5 de febrero (Diario de Cantabria) –

Castilla y León, Asturias, Extremadura y Galicia fueron las comunidades autónomas que más población perdieron en los últimos diez años, frente a Baleares, que vio aumentar su población en más de un 10% en el mismo periodo.

Son datos que ha ofrecido el Gobierno en una respuesta parlamentaria a Vox en el Congreso, que se ha interesado por los territorios españoles que están experimentando un mayor descenso de población en los últimos años.

En su respuesta, el Gobierno asegura que nueve comunidades autónomas han sufrido una pérdida de población, sin precisar el nombre de todas las regiones, aunque confirma que Castilla y León, Asturias, Extremadura y Galicia han acusado a esta población de ‘sangrado’.

Sin embargo, el Ejecutivo no presenta cifras concretas sobre esta pérdida de población, aunque se remite a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para garantizar que la población en España creció un 1,3% entre 2012 y 2022.

En este contexto, señala que la tendencia positiva del crecimiento demográfico a nivel nacional no ha sido generalizada, ya que, mientras estas nueve comunidades autónomas perdían habitantes, otras, como Baleares, aumentaban su población en más de un 10%. en el mismo período.

EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Asimismo, el Gobierno también destaca que la tendencia no ha sido lineal y que en los últimos años se ha producido un cambio en los parámetros de movilidad de la población en el territorio, acentuado desde 2020 por la pandemia de la Covid.

Así, asegura que más de 4.000 municipios pequeños han registrado un saldo residencial positivo desde 2018, mientras que, en sentido contrario, las grandes ciudades han experimentado salidas de población hacia otras zonas de menor densidad.

Para combatir este fenómeno de despoblación, el Gobierno pide una respuesta común de todas las administraciones y la colaboración público-privada.