El parón de LAJ deja ya en torno a 125.000 visualizaciones suspendidas y 432 millones de euros bloqueadas
Santander, 11 de febrero. (Diario de Cantabria) –
El Grupo Parlamentario Popular presentó una pregunta urgente en el Congreso de los Diputados para que la ministra de Justicia, Pilar Llop, dé explicaciones en el pleno del próximo miércoles sobre la huelga indefinida de Abogados de la Administración de Justicia (LAJ) que comenzó el pasado 24 de enero y que, según datos de los convocantes, supuso la suspensión de unas 125.000 visualizaciones y el bloqueo de 432 millones de euros en cuentas judiciales.
Los ‘populares’ explican que lanzan la interpelación urgente «para que el Gobierno tenga en cuenta el desarrollo de la actuación gubernamental en el ámbito del Ministerio de Justicia, especialmente en relación con la huelga de los Abogados de la Administración de Justicia».
También exigen que el departamento de Llop informe «sobre la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico en materia penal, civil, mercantil y procesal, competencia que se le atribuye en virtud del artículo del real decreto 453/2020, de 10 de marzo».
En este sentido, el PP recuerda que su artículo 1 establece que corresponde al Ministerio de Justicia “proponer y ejecutar la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, en particular en materia penal, civil, mercantil y procesal; la organización y política de apoyo a la Administración de Justicia, así como la cooperación con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia”.
Tras la interpelación urgente al titular de Justicia, el Partido Popular preparará una moción que será debatida y votada en un pleno que comenzará el 21 de febrero en la Cámara de Diputados.
El PP exigirá explicaciones a Llop justo un día antes de que el comité de huelga y el Ministerio de Justicia se reúnan por primera vez desde que comenzó la huelga ‘sine die’ de la LAJ.
La Unión Progresista de Abogados para la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación de Abogados Independientes (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Abogados criticaron que el Ministerio los haya convocado para el próximo jueves, advirtiendo que habría tiempo para suspender otro 55.000 sentencias y bloquear otros 150 millones de euros.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
El conflicto que se origina en la «falta de adecuación salarial a las principales funciones y responsabilidades asignadas por la Ley 13/2009, investigó a los magistrados, y profundizó en sucesivas reformas», especialmente la de 2015, que -denuncian las tres asociaciones organizadoras- provocó un «desequilibrio insoportable».
Señalan como “detonante” del conflicto el convenio que la Justicia suscribió en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales “sin desarrollar adecuadamente el ajuste salarial a las últimas reformas procesales previsto en el segundo párrafo del Complemento 157 de la Ley». 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021″.
Antes del inicio de la huelga, Llop pidió al comité de huelga que evitara «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos negocios». Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, aseguró que el paro de la LAJ era una medida «política» y que estaba «fuera de lugar».
Rodríguez destacó que “cualquier tipo de reivindicación económica que se produzca en esta huelga no tiene sentido”, ya que la Justicia “cumplió con todos los acuerdos” suscritos con la representación de estos trabajadores.
Al margen, la semana pasada, el director de la Oficina de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a la LAJ que son «una pieza fundamental» del Poder Judicial y expresó su «confianza» en que las negociaciones con el Ministerio «pueden concluir». un acuerdo razonable y satisfactorio.
