MADRID, 12 de noviembre (EUROPA PRESS) –
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES advirtió que la derogación del delito de sedición anunciada por el Gobierno supondrá un «amnistía secreta» si el nuevo delito de desórdenes públicos agravado por lo que será sustituido no es de aplicación a los hechos ocurridos en Cataluña en 2017.
«En función de la configuración del nuevo tipo penal, no podría aplicarse a los hechos ocurridos en 2017 si no entran en el ámbito del nuevo precepto, quedando en la impunidad, ya que no les sería de aplicación ni el nuevo ni el antiguo precepto. (ya revocado). Podríamos, por tanto, estar ante una amnistía encubierta, al menos en lo que se refiere al delito de sedición.»se movió en un análisis de la fundación.
Desde FAES consideran que las consecuencias «mas serio» la eliminación de la sedición tenga lugar en relación con la «numerosos dirigentes de ERC que siguen siendo perseguidos en Cataluña por el ‘procés’, así como responsables de la Generalitat y del Parlament que «siguen prófugos en varios países europeos»🇧🇷
«Los condenados por ‘procés’ ya están indultados, por lo que el cambio de sentencia no les afectará directamente»destacan la fundación que preside el expresidente del Gobierno José María Aznar, aunque aseguran que les beneficiará en su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque «Su argumento de que las sanciones impuestas por su condena fueron desproporcionadas, ahora es refrendado por el propio Parlamento español»🇧🇷
Por otro lado, FAES señaló que la Euroorden emitida por España debe rehacerse y «esta fluctuación legislativa no favorecería en modo alguno la credibilidad del sistema penal y judicial español ante las autoridades políticas y judiciales comunitarias»🇧🇷
Además, consideran que la imputación -condena para los ya juzgados- por el delito de malversación de caudales públicos también puede verse afectada por el cambio legal. «Si se considera instrumental en el delito de sedición, la desaparición de ésta también podría dar lugar a la desaparición de aquélla. Y sin este delito desaparecería la inhabilitación que impide a los separatistas catalanes ocupar cargos públicos y presentarse a las elecciones.»indicaron.
Sin embargo, desde la fundación han advertido que a partir de ahora será «mucho más duro» convencer, por un lado, a los jueces para que asuman la «gran costo personal que supusieron ser el dique en la defensa de la legalidad constitucional» y, por otra parte, a los independentistas que «no repitas conductas que ya sabes que tarde o temprano terminarán siendo perdonadas de una forma (indultos) u otra (reforma legal)»🇧🇷
Por eso desfiguran a Sánchez que está pagando «demasiado precio» por permanecer un año más en el poder y criticó que el Ejecutivo hubiera presentado esta propuesta a través de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos para evitar la obligación de informar a órganos como el Consejo de Supervisión o el Consejo de Estado si lo hubieran hecho so.a través de un texto aprobado por el Consejo de Ministros.
