Jueces avisan de que la 'ley del sí es sí' permitirá castigar más a los menores que a los adultos por la misma conducta

Jueces avisan de que la 'ley del sí es sí' permitirá castigar más a los menores que a los adultos por la misma conducta


Apuntan a una posible contrarreforma para dar a los jueces la posibilidad de adecuar la sentencia a la gravedad de los hechos.

MADRID, 19 de noviembre (EUROPA PRESS) –

La entrada en vigor de la llamada ley del ‘solo sí es sí’ también tuvo consecuencias en materia de responsabilidad penal de los menores. Los jóvenes de entre 16 y 17 años que ya hayan sido condenados por abuso sexual ahora tendrán que cumplir el nuevo delito ampliado de agresión sexual, que requiere que permanezcan al menos un año en un centro de detención mientras por la misma conducta. como adulto solo podía ser multado.

Así lo explica a Europa Press Eva Saavedra, titular del Juzgado de Menores nº 2 de Madrid, con un caso real que llegó a sus manos el pasado verano, el de un menor de esa franja de edad que tocó las nalgas a una niña, comportamiento luego subsumible en el delito de abuso sexual por el que se le impuso medida abierta –«tareas socioeducativas»–.

Saavedra asegura que el mismo caso ahora, tras la entrada en vigor de la ley el 7 de octubre, tendría un resultado diferente porque los mismos hechos serían tipificados como agresión sexual y la pena mínima sería la reclusión por un año en un centro de detención. Y, si hubiera actuado de la misma manera cuando ya tenía 18 años, solo podría ser castigado con una multa, advierte el juez de menores.

La explicación técnica se encuentra en el artículo 10.2.b de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores, que para «determinados delitos de especial gravedad» cometidos por menores de 16 y 17 años, establece «una medida de reclusión en régimen cerrado de 1 a 8 años» que debe permanecer intacta al menos un año, aunque en otros años puede mitigarse, señala Saavedra.

El antiguo Código Penal (CP) excluía el abuso sexual de esta lista de “delitos de especial gravedad”, pero las conductas que antes eran punibles por este delito fueron absorbidas por la agresión sexual –que se encuentra en ese grupo de delitos enumerados en el 10.2.b- – debido a la ‘ley de sólo el sí es sí’.

Saavedra llama la atención sobre el hecho de que, por estas mismas conductas ahora incluidas en la agresión sexual, el artículo 178.3 del CP -aplicable directamente a los adultos- establece que «se podrá aplicar la mitad inferior de la pena de prisión o multa». de 18 a 24 meses, según la menor del hecho y las circunstancias personales del culpable».

“¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene unos 18 años, pero que aún no ha cumplido los 18, por una falta leve comprendida en el 178, necesariamente ingresará en un centro por lo menos un año, pero si tiene 18 años, o Un juez superior valorará la menor gravedad y sólo podrá imponer una multa”, resume Saavedra.

«UNA DISFUNCIÓN MUY GRAVE»

El juez de menores advierte de que se trata de «una disfunción muy grave» porque tanto el ordenamiento jurídico español como los textos internacionales recogen el principio de que «el menor nunca puede tener un estatuto inferior al del adulto».

La ley española sobre responsabilidad penal de los menores lo recoge en su artículo 8, según el cual el juez de menores “no puede exceder de la duración de las medidas privativas de libertad (…) que le hayan sido impuestas por el mismo hecho, si el sujeto, si fuera mayor de edad, habría sido declarado responsable, en los términos del Código Penal».

En el ámbito internacional, Saavedra recuerda el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que “la detención, prisión o reclusión de un niño se hará de conformidad con la ley y sólo se utilizará como medida de último recurso y por el período más largo apropiado corto.

POSIBLE CONTRAREFORMA

Saavedra garantiza que este castigo desproporcionado por la misma conducta hacia un menor y un adulto ha causado «gran preocupación» entre jueces y fiscales de menores, anticipando que puedan surgir cuestiones de inconstitucionalidad. “Hay mucha discusión y lo peor es que todos vemos que hay una mala solución”, resume.

Preguntada sobre cómo podría arreglarse, menciona una posible reforma legal para que el artículo 10.2.b dé a los jueces de menores el mismo margen de maniobra que el CP da a los jueces penales en el 178.3 para que ajusten la pena a la gravedad de la conducta.

Una alternativa, comenta, sería “eliminar la imposición de adoptar obligatoriamente un régimen cerrado” para pasar a “un régimen acorde a las circunstancias del menor, para ver qué medida es más acorde con su reinserción social”.

De implementarse este cambio legal, Saavedra dice que beneficiaría a los menores ya sancionados por la ley “solo el sí es sí” porque “aplicaría el efecto retroactivo más favorable a todas las conductas comprendidas en ese artículo”.

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