Junqueras y Puigdemont, entre los al menos 24 políticos independentistas a los que beneficiaría reformar la malversación

Junqueras y Puigdemont, entre los al menos 24 políticos independentistas a los que beneficiaría reformar la malversación

Jové y Salvadó esperan juicio por este crimen para los preparativos del 1-O

Santander, 7 de diciembre (Diario de Cantabria) –

Una reforma del delito de malversación como la que proponen el Gobierno y ERC podría beneficiar al menos a 24 políticos independientes que están siendo investigados, procesados ​​o condenados por este delito ilegal a causa del 1-O, entre ellos los que fueron presidente y vicepresidente. presidente de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.

Entre los directamente beneficiados por la eventual reforma estarían los líderes independentistas condenados por el Supremo Tribunal Federal (TS) por peculado y sedición: Junqueras, condenado a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación; y los exdirectores Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a 12 años de prisión e inhabilitación. En su caso, las penas de prisión fueron perdonadas, pero la inhabilitación sigue vigente.

Además de los ya condenados, una reforma de malversación afectaría a Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos prófugos pero reclamados por el instructor de juicio, Pablo Llarena, por este delito y sedición.

A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlamento y exsecretario general de la Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fue enviado a juicio, por malversación, prevaricación y desobediencia grave a los preparativos del 1-O.

Según la investigación judicial, Jové -miembro de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre Moncloa y el Gobierno- incumplió los mandatos del Tribunal Constitucional contra la organización del referéndum independentista; supuestamente obtuvo datos personales de catalanes de forma irregular para elaborar un censo; participó «activamente» en la búsqueda de lugares para votar; y en su computadora había archivos como ‘modelo de boleta’.

Entre las denuncias contra Jové y Salvadó, el instructor detalla que realizaron presentaciones a otros Estados y organismos para conseguir financiación, y también que se dotó a la Agencia Tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar, administrar y ejecutar impuestos para los que » no había facultades» como el IRPF, el IVA o las sociedades.

El instructor también cree que Salvadó diseñó un programa para homogeneizar los mecanismos internos de tramitación de los impuestos y cotizaciones sociales que paga la Generalitat al Estado, con el fin de «controlar y tener la mayor información posible sobre los contribuyentes y sobre las cuotas pagadas por impuestos». no transferidos por los estados».

PREPARATIVOS PARA EL 1-O

Además, hay otros 14 exfuncionarios del Gobierno que fueron procesados ​​en 2019 por el Tribunal de Instrução Número 13 de Barcelona por malversación -y otros delitos– en los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, aunque la causa se encuentra actualmente en un limbo jurídico .

La Audiencia Provincial confirmó dicha resolución, pero ordenó al juez reexaminar a los 29 imputados (incluidos los 17) y ahora se estudia su concordancia con otra causa, que se investiga en el Juizado de Instrução nº 18 de Barcelona sobre extranjería. gastos del ‘proceso’.

Se trata de Antoni Molons, exsecretario de Divulgación y Ciudadanía del Departamento de Presidencia de la Generalitat, que fue procesado por malversación y prevaricación por su supuesta intervención para contratar los órganos encargados de realizar los anuncios que luego se difundieron sobre la votación. actividades ilegales y la campaña de empadronamiento de catalanes en el extranjero.

Joaquim Nin, exsecretario general del Departamento de Presidencia, fue acusado de malversación, prevaricación y desobediencia por participar en la contratación de campañas publicitarias -el juez mencionó un anuncio destinado a promover el empadronamiento de catalanes residentes en el extranjero-; comprar dominios web como referendumcatalunya.cat; y porque «estaba al tanto» de los procesos de adjudicación y adquisición de material para el 1-O.

Jaume Clotet, exdirector general de Comunicación, fue demandado por malversación de fondos por su presunta participación en la compra de dichos dominios y, en concreto, porque autorizó el pago de una factura emitida por el diseño de la web pactepelreferendum.cat.

Josep Ginesta, exsecretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, también fue procesado por malversación de fondos por su presunta participación en la captación de voluntarios para el 1-O y por su «participación relevante» en la «creación, desarrollo y puesta en marcha del pactepelreferendum .cat site» y en documentos como un «anteproyecto de creación de la agencia catalana de protección social».

Otros investigados por malversación en este caso son David Palanques y David Franco, exresponsables de TIC del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; Josué Sallent, exdirector de Estrategia e Innovación del CTTI; y Xavier Puig, exresponsable de TIC de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia; a quien la investigación judicial vincula con las mismas actividades que Ginesta.

ACCIÓN EXTERIOR

Francesc Sutrías, exdirector gerente de Patrimonio, fue demandado por malversación y desacato por su supuesta participación en contratos y facturas con Unipost para mover material del 1-O; «asegurar la presencia de observadores internacionales»; y dar instrucciones de cómo actuar el día de la consulta ilegal.

Aleix Villatoro, exsecretario general del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y de Asuntos Exteriores y Transparencia, fue procesado por malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos por su presunta participación en la contratación del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya y en la redacción del censo para el 1-O.

El juez también señaló a Amadeu Altafaj, exdirector de la delegación del Gobierno en la UE, por malversación y prevaricación por un informe donde proponía contratar un servicio de asesoramiento para “dar a conocer la voluntad democrática del pueblo de Cataluña para decidir su futuro”. y por su supuesta intervención en la contratación y pago del Centro de La Haya.

En el caso de Albert Royo, exsecretario general de la Junta de Diplomacia Publica de Catalunya Mon-consell, fue procesado por malversación y falsificación de documentos por «pagos varios de billetes de avión y alojamiento por cuenta de observadores internacionales» y «expertos ‘ contratado para analizar el contexto político» en el que se desarrolló el 1-O.

Rosa María Rodríguez Curto, ex directora general del Servicio T-Systems, también fue procesada por malversación de fondos porque «participó en la ejecución de las modificaciones solicitadas por la Generalitat en la aplicación del Registro de Catalanes en el Exterior».

OTROS PROCESADOS

Además, Rosa Vidal, exinterventora general de la Generalitat, fue procesada por el juez por malversación, desobediencia y falsificación de documentos porque “tenía pleno conocimiento de todos los contratos y pagos y que estaban destinados a actos preparatorios del referéndum”.

Por otro lado, el administrador del diario ‘El Vallenc’ Francesc Fábregas fue procesado por malversación de fondos y desobediencia por haber ordenado presuntamente la impresión de los documentos ‘Referéndum de Autodeterminación de Cataluña 2017’ y ‘Listado numerado de electores’.

Y al exdirector general de Unipost Pablo Raventós porque «ocultó a la Guardia Civil, cuando se lo solicitó expresamente, que había recibido una orden de la Generalitat relacionada con el referéndum» ilegal.