Juristas coinciden en que hay «dudas» y «controversia» sobre el posible encaje legal de una amnistía al ‘procés’

Juristas coinciden en que hay «dudas» y «controversia» sobre el posible encaje legal de una amnistía al ‘procés’

Señalan que podría vulnerar atribuciones del Poder Judicial, introducir desigualdad y generar inseguridad jurídica

MADRID, 19 de agosto. (PRENSA EUROPA) –

Expertos constitucionales coinciden en que existen «dudas» y «controversias» sobre el posible marco legal de una eventual ley de amnistía para los líderes independentistas investigados por el ‘procés’ y la declaración unilateral de independencia. Aseguran que hay quienes ven esta medida como contraria a la Constitución y que consideran que la Carta Magna no la prohíbe expresamente; Sin embargo, especifican que todo dependerá de cómo se prepare y procese.

En declaraciones a Europa Press, Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, ​​ha recordado que hay quienes defienden que la amnistía está contemplada en la Constitución porque, aunque prohíbe los indultos generales, «una amnistía es diferente a un indulto. Por el contrario, señala que hay quienes la consideran inconstitucional porque la Carta Magna atribuye al Poder Judicial la competencia de juzgar y cree que la amnistía, en la práctica, borra esta acción de los tribunales.

Miguel Presno Linera, especialista en Derecho Constitucional y catedrático de la Universidad de Oviedo, reconoce que existe controversia por el hecho de que el término «amnistía» no se mencione en la Constitución, porque existe un debate sobre si debe entenderse «como una prohibición o como un permiso”.

Por su parte, Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tiene menos dudas y considera que una eventual amnistía para los investigados y condenados por los ‘procesos’ introduciría «desigualdad» porque permitiría la aplicación de la ley a unos y no a otros por los mismos hechos sancionados en el Código Penal.

“La ley sigue existiendo, pero haces una ley (de amnistía) para decir que esos artículos no se aplican a determinadas personas”, apunta Vidal, subrayando que eso supondría la vulneración de un derecho fundamental de todas las demás personas. “No se trata de derogar una ley penal, sino de dejar de aplicarla en determinados casos. Justificarlo es complicado. El juicio de proporcionalidad es muy complicado”, añade.

CREEN QUE AFECTA EL PODER JUDICIAL

Arbós, que subraya que no valora si sería oportuno o no redactar la referida ley, considera que podría entenderse «contraria a la Constitución porque afecta al Poder Judicial».

“Los que sostienen que sería constitucional tienen el argumento de que la Constitución no lo prohíbe. Ese argumento no me acaba de convencer”, dice el jurista y explica que tiene dudas sobre la reserva legal porque la Carta Magna contempla la facultad de juzgar a los jueces y tribunales y la amnistía afecta de alguna manera a esta facultad.

En ese sentido, señala que, a diferencia del indulto -con el que un tribunal puede ver que se elimina el cumplimiento de la pena, pero no la pena o la verdad jurídica-, la amnistía «borra totalmente» la sentencia. Presno Linera está de acuerdo y considera que la amnistía “podría ir en contra del principio de que corresponde exclusivamente a los tribunales juzgar y hacer cumplir lo juzgado”.

En la línea, Arbós cita otro aspecto que, a su juicio, podría representar un “problema”. Señala que una posible ley de amnistía para los procesados ​​y condenados por ‘procesamientos’ podría aplicarse, «con muchas citaciones», al «otro bando», en referencia a los policías y guardias civiles que tienen un proceso iniciado por su conducta en 1 -O.

En este punto, asegura el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellas personas que hayan interpuesto querellas contra agentes policiales por presuntos delitos de lesiones corporales.

Aun así, Arbós reitera que una posible ley de amnistía es una «cuestión técnica» que para él «no está clara». Pero insiste en que si bien es un tema que ya ocupa el debate político “en el ámbito estrictamente académico es bastante antiguo”.

Al margen, el profesor subraya que “cualquier ley es constitucional mientras el Tribunal Constitucional (TC) no haya dictado una sentencia que la declare inconstitucional”. En este sentido, recuerda que si se firma dicha norma, es posible que el Defensor del Pueblo, una comunidad autónoma o un grupo de más de 50 diputados puedan interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías, que juzgaría para resolver esto”. tema «controvertido».

«MUY DIFÍCIL DE JUSTIFICAR»

Al hilo, Presno Linera recuerda que la Corte Constitucional falló en 1986 y admitió que podía haber una amnistía, algo que -a su juicio- haría pensar que no estaría prohibida en ningún caso. “Lo que pasa es que el propio Tribunal Constitucional, en esa sentencia, le atribuye un carácter totalmente excepcional y en realidad lo que hace es vincularlo a la propia amnistía de 1977”, apunta.

Así, considera que “en el mejor de los casos el legislador tendría un poder excepcional y, por tanto, tendría que justificar la citada ley de amnistía”. Además, destaca que “esta ley sería constitucional si no violara ningún otro tipo de derecho o bien constitucionalmente protegido”.

En este sentido, Presno Linera considera “muy difícil justificar una amnistía que consiste en excluir el juzgamiento de determinadas conductas delictivas” porque “podría afectar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas perjudicadas por los hechos”.

INSEGURIDAD JURÍDICA: BIENES ESENCIALES DESPROTEGIDOS

A su vez, Vidal garantiza que la referida ley también traería “inseguridad jurídica” porque “quedan desprotegidos bienes esenciales como el orden constitucional”. También subraya que «hay que tener en cuenta» que hasta ahora la amnistía «sólo se ha aplicado en una situación de transición de la dictadura a la democracia». “Si ahora estamos en democracia, ¿estamos diciendo que la aplicación del Código Penal es impropia? Es una contradicción”, dice.

Cabe recordar que la Mesa del Congreso rechazó en marzo de 2021 tramitar una ley de amnistía propuesta por los partidos independentistas catalanes con la que pretendía amnistiar a todos los procesados ​​y condenados por el referéndum sobre la soberanía catalana y el proceso pro. independencia del referéndum del 1 de octubre de 2017.

El órgano de gobierno de la Cámara se basó entonces en el informe de los letrados del Congreso y -con los votos del PSOE, PP y Vox- rechazó la iniciativa por considerarla inconstitucional. Las formaciones impulsoras de la ley interpusieron un recurso contra esa decisión, pero en mayo la Junta confirmó su rechazo.

Aunque los partidos independentistas catalanes han incluido en la mesa de negociación el debate sobre una posible ley de amnistía para recabar los apoyos necesarios para la toma de posesión de Pedro Sánchez, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha negado este jueves que su formación haya prometido Amnistía de ERC y Junts para los implicados en el ‘procés.