La AN inicia el jueves el juicio a excargos del PP en León por los trabajos de reputación de 'Púnica'

La AN inicia el jueves el juicio a excargos del PP en León por los trabajos de reputación de 'Púnica'


Fiscalía pide entre 8 y 5 años y medio de prisión, también por contratos de estaciones de esquí

MADRID, 6 de noviembre (EUROPA PRESS) –

La Audiencia Nacional (AN) inicia este jueves el juicio de la pieza del ‘caso Punica’ relacionada con León y por la que está en el banquillo de los acusados ​​el presunto ‘director’ de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, así como dos exfuncionarios del Partido Popular en esa provincia, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exjefe de Gabinete Pedro Vicente Sánchez.

Se enfrentan a penas de 8 a 5 años y medio de prisión por el trabajo y asesoramiento de reputación online de Martín Marcos, y por la adjudicación de contratos para el centro de esquí de San Isidro.

Por estos hechos también se imputa al exinspector de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez; el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y la empleada de De Pedro, Guadalupe Caballero, además de las empresas que desarrollan la obra, Eico Online y Madiva Editorial, quienes presuntamente recibieron alrededor de 90.000 euros de fondos públicos de forma irregular.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía pide que Martín Marcos, expresidente de la Diputación y actual alcalde del municipio de Cuadros, sea independiente, la pena máxima, 8 años de prisión, por los delitos de apropiación indebida de falsedad , fraude y tráfico de influencias.

En cambio, para Manuel Jesús López y Pedro Vicente Sánchez, que fue coordinador del gabinete de prensa de la Diputación y ahora es alcalde de Puebla de Lillo con un partido independiente, pide 7 años, uno menos que Martín Marcos, ya que es acusado de tráfico de influencias.

El Ministerio Público pide a De Pedro y Alonso Conesa 5 años y medio de prisión por malversación de fondos públicos en concurso de falsedad y defraudación, mientras que para Guadalupe Caballero deja su pedido de 3 años y cinco meses de prisión por malversación de fondos públicos en falsificación concurso.

En cuanto a las empresas de De Pedro, el Ministerio Público está interesado en una multa del doble del beneficio obtenido. Además, pide que, entre los seis imputados, indemnicen a la Diputación con 171.000 euros.

De Pedro y Alonso Conesa trabajaban desde 2010 para distintas administraciones públicas y juntos controlaban un grupo de empresas con las que solicitaban contratos públicos, “muchas de ellas con objetos simulados”, según el informe del Ministerio Público.

NEUTRALIZAR LAS NOTICIAS NEGATIVAS

“El propósito de todo esto era producir campañas de imagen personal que construyeran una reputación positiva en internet, ligada a los nombres de los políticos, que neutralizaran las noticias negativas o mejoraran su perfil público”, dice en la carta.

Para lograr este objetivo utilizaron decenas de diarios digitales -muchos de ellos “zombis”, sin actualizar- que actuaban como “motores de replicación”, “sin ningún interés periodístico”, de noticias positivas.

En 2012, De Pedro y Alonso Conesa tomaron como cliente a la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, con quien acordaron trabajar para «limpiar y cuidar» su reputación en las redes sociales, que perduró y en la que luego participó el imputado. .

Tras la muerte de Carrasco, asesinado en 2014, los servicios de reputación continuaron con Martín Marcos como presidente interino de la Diputación y se habrían pagado de forma «furtiva» a través del simulacro de contratación de publicidad institucional.

Martín Marcos se mostró «interesado en darse a conocer entre los leoneses, construir una identidad positiva en las redes sociales y recibir consejos para su promoción política», lo que «aprovechó» que De Pedro y Alonso Conesa concretaron con él un nuevo plan.

DIRIGIR EL PP DE LEON

El acuerdo, según el Ministerio Público, incluía que De Pedro y Alonso Conesa utilizaran su influencia política para apoyar las aspiraciones de Martín Marcos de liderar el PP de León y su candidatura a la presidencia de la Diputación Provincial en las siguientes elecciones.

Como se acordaron las tareas de asesoría, se destacan la redacción, la redacción de sus discursos, el seguimiento de sus intervenciones en el partido y la elaboración de su agenda política junto a las autoridades regionales.

En cuanto a la adjudicación de contratos para la explotación de la estación de esquí, la Fiscalía General del Estado sostiene que el expresidente de la Diputación y el interventor Manuel Jesús López tenían «intereses directos» en la zona en beneficio de las empresas de De Pedro.

Asimismo, considera que Martín Marcos ejerció «presiones» sobre los funcionarios de la Diputación para que buscaran la manera de cumplir sus propósitos en estas instalaciones.

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