La APM destaca la "intención política" de la derogación y la AJFV pide no crear "espacios de impunidad"

La APM destaca la "intención política" de la derogación y la AJFV pide no crear "espacios de impunidad"


JJpD defiende la necesidad «modernizar los delitos contra el orden público» y FJI descarta evaluar el contenido de la reforma

MADRID, 11 de noviembre (EUROPA PRESS) –

La Orden de Profesionales del Poder Judicial (APM) destacó este viernes la «intención política» detrás de la revocación de la sedición promovida por el Gobierno, mientras que la Asociación de Magistrados Francisco de Vitória (AJFV) pidió que el cambio legislativo no cree «espacios de impunidad»🇧🇷

Por su parte, los Jueces por la Democracia (JJpD) defendieron la necesidad de «modernizar los delitos contra el orden público» y, a su vez, el Foro Judicial Independiente (FJI) descartó la entrada en el contenido del texto, recordando que las leyes «debe reflejar el sentimiento mayoritario de la sociedad expresado en el Parlamento»🇧🇷

Estas reacciones de las asociaciones judiciales se producen después de que el PSOE y Unidas Podemos registraran este viernes la propuesta de ley orgánica en la que proponen la derogación del actual delito de sedición y su sustitución por otro de desorden público agravado que contempla penas para las autoridades de 3 a 3 5 años de prisión –frente a los 10 a 15 años establecidos por el Código Penal vigente– e inhabilitación de 6 a 8 años, frente a los 10 a 15 años establecidos por la ley vigente.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitória (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, expresó su preocupación de que no se haya planteado la pretendida revocación. «estudiando lo que se quiere mejorar y asegurándose de que la nueva normativa incorpore esa mejora»🇧🇷

«Nos preocupa que la reforma del Código Penal no se lleve a cabo con miras al futuro. Hay que tener en cuenta cómo se regulará, porque si no tomamos esta precaución, descubrimos que en 5 o 50 años una determinada conducta muy grave puede no estar prevista y quedar impune.»prevenido.

Vaquero resaltó que no se debe cambiar la ley «pensando en lo que pasó en 2017 en Cataluña», pero también pensando en lo que podría pasar en el futuro. Así, y aunque creo que habría que estudiar la «pequeña impresión» de la reforma, advirtió de una posible falta de herramientas antes «ciertas circunstancias»🇧🇷

UNA INICIATIVA MARCO «EN UN CONTEXTO POLÍTICO COMO EL ACTUAL»

Para Juan José Carbonero, miembro ejecutivo de la APM, evaluar el contenido del texto sería «ejercicio especulativo»🇧🇷 Sin embargo, lo considera «obligados a enmarcar este tipo de iniciativas legislativas en un contexto político como el actual.»🇧🇷 «A nadie se nos escapa que estamos entrando en un año electoral de altísima tensión.»explicó en declaraciones a esta agencia de noticias.

Carbonero, que insistió en que esta jugada es «una cuestión de oportunidad política»Descartado ir al fondo hasta saber «lo que el gobierno quiere hacer»🇧🇷 «No es bueno y no debemos hablar de temas que caen dentro de la función de otros poderes, pero podemos resaltar que este tipo de proyectos se insertan en un contexto político muy claro y concreto.»establecido.

El miembro del Secretariado de la JJpD, Edmundo Rodríguez Achútegui, argumentó que la revocación propuesta por el gobierno se da como consecuencia de «de la necesidad de modernizar los delitos contra el orden público, cuya regulación data del siglo XIX y está completamente desfasada»🇧🇷

UNA ACTUALIZACIÓN NECESARIA

Según Rodríguez, las democracias europeas modernas actualizaron la regulación de estos delitos durante la segunda mitad del siglo XX, lo que en España no podía haber ocurrido. «porque el franquismo mantuvo disposiciones del siglo XIX que no se ajustaban a los estándares exigidos por los convenios internacionales que España había firmado desde la Transición»🇧🇷

La normativa actual en estas materias, según Rodríguez Achútegui, no es similar a la del resto de países europeos, como demuestra «las dificultades encontradas por los tribunales alemanes o belgas para cumplir los requisitos» del Tribunal Supremo para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

«Si bien el tema se encuentra sub judice en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es necesario actualizar un conjunto de delitos que tienen una normativa desfasada, y que no responden a los actuales parámetros de garantías de nuestro Estado de Derecho.»apuesta.

Finalmente, el presidente de la FJI, Fernando Portillo, se negó a evaluar una iniciativa que tramita en el Parlamento «no afecta las condiciones de trabajo» de los magistrados «o la independencia judicial»🇧🇷

«No haremos ninguna valoración concreta porque sería una injerencia y que valoremos el tema de las reformas legislativas cuando afecten a la independencia judicial o veamos una vulneración de derechos fundamentales. queremos ser respetuosos»repetido.

Sin embargo, Portillo reconoció que los políticos que impulsaron esta iniciativa «habrá que reflexionar en qué medida refleja o no el sentimiento mayoritario» de la sociedad.

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