Manos Limpias denuncia a Pere Aragonès ante el Supremo por presunta desobediencia a la sentencia del 25% del español

Manos Limpias denuncia a Pere Aragonès ante el Supremo por presunta desobediencia a la sentencia del 25% del español


MADRID, 17 de noviembre (EUROPA PRESS) –

Manos Limpas presentó este jueves ante el Tribunal Supremo una denuncia contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, por un presunto delito de desacato a resoluciones judiciales, en referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña que insta a los centros educativos de esta comunidad autónoma asistir al 25% de las clases en español.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato pide a la Sala de lo Penal que investigue a Aragonès al considerar que «existen indicios racionales» de que el presidente del Gobierno desobedeció la resolución de la Audiencia catalana al aprobar el decreto-ley «que establece la no aplicación de los parámetros «número o porcentajes» de español en los centros educativos.

Manos Limpas también ha destacado como «señales» que la Generalitat «ha comenzado a trabajar en la nueva ley de política lingüística» y que el Ministerio de Educación ha ordenado a los centros educativos no acatar la decisión del TSJ de Cataluña.

“Dentro de estos caminos tortuosos y prevaricadores, para no cumplir con la sentencia del 25% de los castellanos, dieron un paso más utilizando la ilegal Mesa de Diálogo para violar las decisiones judiciales en el caso en cuestión”, agregó. 🇧🇷

El sindicato añadió a la denuncia unas declaraciones de Aragonès en TV3 y Radio Catalunya, “donde afirmaba que el Gobierno y la Generalitat” habían acordado “no cumplir con el 25% de castellano en las escuelas catalanas”.

Para Manos Limpias, la actuación del presidente catalán es un intento por vías «indecentes e ilegales» de «desatender lo que la ley -sentencia- obliga». Por ello, pidió al Tribunal Supremo que admitiera su denuncia, que tomara declaración al propio Aragonès y que recogiera para sí las «actas de la Mesa de Dialogo».

Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior deben decidir si aceptan o no el documento presentado por el sindicato para su trámite.

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