Presenta recurso de reforma contra la decisión del juez de instrucción de permanecer en el proceso
MADRID, 16 de octubre (EUROPA PRESS)-
El expresidente catalán, líder de Junts y eurodiputado Carles Puigdemont presentó un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo para recurrir la decisión del juez de instrucción del ‘procés’, el magistrado Pablo Llarena’, de no desviarse del procedimiento tras decidir sobre una posible ley de amnistía considerando que “no le corresponde” al magistrado “actuar como comentarista político”.
En la petición de reforma, a la que tuvo acceso Europa Press, la defensa del líder independentista insistió en que no corresponde al juez de instrucción actuar como «comentarista» de la actividad de «quienes son perseguidos ilegalmente por él», como en su opinión, lo hizo el 11 de septiembre en una conferencia.
Para Puigdemont es «evidente» que Llarena tiene un «prejuicio y una predisposición hacia» él y los demás acusados en rebeldía que «impide que se entienda garantizado el derecho a un juez imparcial.
“No hay mayor falta de imparcialidad que no querer admitir la incompetencia sobre un determinado asunto”, destacó la defensa de Puigdemont, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, al finalizar su intervención.
La medida del ‘expresidente’ se produce después de que se conociera, el pasado 6 de octubre, que Llarena rechazaba la quinta petición del dirigente de alejarse de la causa. Esta vez, por haberse pronunciado sobre la “constitucionalidad” de una posible ley de amnistía.
El líder independentista pidió que Llarena -encargado de investigarle por un presunto delito de desobediencia y malversación- fuera destituido por pronunciarse, en un acto celebrado el pasado 11 de septiembre, sobre la «constitucionalidad» de una posible amnistía para el ‘procés’ . . Se basó en un argumento que ya había esgrimido en ocasiones anteriores contra el juez: “Su absoluta falta de imparcialidad”.
LLARENA NO VE COMPROMETIDA SU IMPARCIALIDAD
Llarena emitió un auto -reporta esta agencia de noticias- en el que calificaba de «manifiestamente infundada» la petición de Puigdemont. Según explicó, la jornada en la que participó se desarrolló en un espacio «estrictamente académico» y respondió al análisis de los criterios técnicos básicos para el seguimiento de la constitucionalidad de cualquier norma jurídica, pero sin evaluar ningún aspecto concreto de una posible ley de amnistía.
En este sentido, el juez insistió en que en aquella conferencia no avanzó en ningún momento su posición procesal, sino que adoptó un enfoque académico general y abierto que fue destacado por los medios.
En cualquier caso, Llarena aseguró que -independientemente del contenido de la conferencia- su imparcialidad no puede considerarse comprometida cuando quienes objetan exigen su separación inmediata de la investigación.
En el llamamiento de reforma presentado este lunes, Puigdemont sostuvo que «todos y cada uno de los retos» que pidió «siempre tuvieron un fundamento». Y ha subrayado que tanto el pronunciamiento del juez sobre una posible ley de amnistía como los argumentos que presentó en el auto en el que rechazó desviarse «son elementos más que suficientes para que haya sospecha legítima, duda, falta de imparcialidad» por parte del magistrado.
EL JUEZ NO RESOLVERÁ SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AMNISTÍA
En el auto anunciado el 6 de octubre, el magistrado subrayó que era “imposible” que en su conferencia se reflejaran condiciones para la tramitación del caso, ya que no se había promulgado ninguna ley de amnistía que pudiera aplicarse ahora al caso tramitado.
“El actual motivo de negativa busca la destitución inmediata del instructor que especula sobre mi cargo a la luz de una disposición legal que no existe y puede no llegar a existir, por lo que la consideración hoy carece de relevancia alguna para el caso”, afirmó. .
Posteriormente, el juez explicó que “si un día se promulga una ley de amnistía, con criterios materiales de aplicación que hoy ni siquiera existen, no le corresponderá al instructor decidir sobre la constitucionalidad de la norma, ni siquiera cuestionar su constitucionalidad”. validez o plantear una cuestión de inconstitucionalidad”.
Puigdemont habla ahora de este punto en su recurso. “Es evidente, dadas las normas citadas incluso por el propio imputado, que las declaraciones del Ilustre Magistrado Instructor sobre las consecuencias que puede tener o no la promulgación de una potencial ley de amnistía son relevantes porque estará en sus manos, como una primera opción, elevar o no su constitucionalidad”, destacó el dirigente.
PUIGDEMONT INSISTE EN LA FALTA DE PARCIALIDAD
El dirigente catalán explicó que pidió la destitución de Llarena no porque «deba decidir sobre la constitucionalidad o no de una ley que todavía no existe como iniciativa parlamentaria», sino porque «ha decidido lo que piensa hacer». si dicha ley se hace pública mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado y cómo esto puede afectar, en su momento, al futuro de este procedimiento”. “Esto es suficiente para entender la pérdida de imparcialidad”, argumentó.
En su auto, Llarena aseguró que su impugnación se basó en un motivo de abstención «manifiestamente infundado», que justificó su inadmisibilidad «a limine» (definitivamente) y advirtió que se trataba de una estrategia dilatoria de defensa.
Para el juez, la finalidad dilatoria se destaca en los propios documentos de denegación, que señalan que el proceso de denegación puede extenderse a los magistrados llamados a resolverlo, generando así una cadena de exclusiones que retrasa la decisión final sobre las posibilidades de acción del juez. instructor. y, con ello, la posibilidad de tomar cualquier decisión en el proceso.
Asimismo, Llarena ha recordado que si Puigdemont y los demás acusados en rebeldía -con esta u otras estrategias procesales- consiguen llegar a la fecha de junio de 2024 sin que sea posible reclamar efectivamente cooperación judicial a otros países, la petición solicitada al actual Parlamento Europeo Unión de la que forman parte.
