MADRID, 14 de octubre (EUROPA PRESS)-
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, compareció este viernes a defender que no puede destituir a la fiscal general y titular del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, como exigen los manifestantes que acusan a las autoridades de obstaculizar la transición de Gobierno, ya que estar cometiendo un “abuso de autoridad”.
Giammattei ha sostenido que “el Presidente de la República no puede destituir directamente al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público”, lo cual es “inviable (…) ya que no tiene facultades directas para llevar a cabo la destitución”.
En este sentido, el presidente destacó que el Jefe de Estado debe respetar la Constitución y desempeñar sus funciones “en estricto apego al principio de legalidad”.
“Por eso es importante citar el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público (…) que establece, y cito literalmente, que el Presidente de la República podrá destituir al Procurador General de la República por motivos justificados debidamente establecidos. causa. Se entiende por causa justificada la comisión de un delito doloso en el ejercicio de su función, siempre que exista una condena debidamente ejecutoriada”, explicó el mandatario guatemalteco.
«Esta ley no la hemos implementado. Esta ley se implementó en la época de la CICIG (siglas de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) para proteger a la señora Thelma Aldana (entonces titular de la entidad). Hoy quieren ejecutarla como «Ya era antes y no se puede hacer. No puedo hacerlo y, al pedirlo o intentarlo, estaría cometiendo un delito llamado extralimitación en mis deberes, un abuso de autoridad», declaró el presidente.
Estas declaraciones de Giammattei se dan luego de que las autoridades indígenas de Sololá presentaran este miércoles un pedido ante la Corte Constitucional de Guatemala para exigir la destitución de Consuelo Porras, tras los últimos allanamientos realizados por el Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE). ). ).
Esto ocurrió en el marco de protestas y bloqueos, que se desataron tras nuevos allanamientos por parte del Ministerio Público en los que se incautaron las actas de las elecciones presidenciales, ganadas por el actual presidente electo, Bernardo Arévalo.
Los bloqueos son ejecutados principalmente por los sectores indígena, civil y estudiantil, que exigen la renuncia de Porras, así como del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana.
