El sector del juego aplaude los cambios en la ley, pero denuncia agravios

El sector del juego aplaude los cambios en la ley, pero denuncia agravios


Valladolid (EFE).- La patronal del sector del juego en Castilla y León aplaudió los cambios que la Junta propone introducir en la Ley Reguladora del Juego y las Apuestas, ya que cuentan con el consenso de empresas y también de asociaciones de jugadores rehabilitados, aunque denuncian el «doble rasero» entre los juegos de azar públicos y privados patrocinados por el estado.

Así lo explicó a EFE el secretario de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Castilla y León (Sajucal), Luis González, quien subrayó que el sector necesita tener un marco estable tras unos años «muy difíciles» a consecuencia de la Covid-19. pese a lo cual aún existen unas 400 empresas -127 salas de juego- que cuentan con un total de entre 8.000 y 10.000 empleados.

Respecto al proyecto de reforma de la normativa autonómica aprobado ayer por la Junta de Castilla y León y que ahora será tramitado por las Cortes, González valora que «la mayoría de las medidas» que incorpora el texto fueron consensuadas en la Mesa Intersectorial del Juego , para que cuenten con el apoyo de la asociación a la que representan.

Todos los actores del sector, incluidas las patronales, los sindicatos y la asociación de jugadores rehabilitados, han asumido «de común acuerdo» algunos cambios que tienen su origen en la normativa estatal y la necesidad de un marco normativo estable, tras unos años en los que la apertura de nuevos establecimientos quedó suspendida, precisamente hasta la entrada en vigor de este reglamento.

calibre doble

Pero la queja del sector se dirige principalmente al «doble calibre» a la hora de regular la actividad privada de los casinos, bingos, salas de juego, casas de apuestas y máquinas tragamonedas, con un estricto control de acceso a los lugares, mientras que el público del juego está bajo la el control de la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado y la organización de la ONCE carece de tales controles.

Esto genera una «gran pérdida» para el sector privado, según González, quien advirtió que, aunque la actividad para bingos y salas de juego es aún más limitada, se plantea la posibilidad de que la ONCE pueda instalar terminales de juego «sin control» en diferentes espacios. .

Fachada de la sala de juegos protegida por policías. EFE/Luca Piergiovanni

los años de la pandemia

El representante de la patronal de casas de juego de Castilla y León destacó la aportación a las arcas autonómicas de alrededor de 70 millones de euros por la tributación que aporta este sector, a pesar de que en los últimos años, con la pandemia del covid, ha habido una “recesión impresionante” como consecuencia del cierre de actividades dictado por las administraciones autonómica y central.

González ha recordado que Castilla y León era «la única Comunidad» que mantenía el pago íntegro de sus tasas para estos comercios, a pesar de no poder abrir sus establecimientos desde hace meses como consecuencia de las medidas preventivas aprobadas por el Consejo.

La pandemia ha hecho «mucho daño» y eso todavía se nota a la hora de abrir nuevos establecimientos, según González, que no cree que se haya generado una acumulación de proyectos desde que en 2021 la Junta suspendiera la concesión de nuevas licencias para operar en este sector, esperar a que finalice esta reforma y contar con un nuevo marco regulatorio homogéneo.

Los empresarios son «cautelosos» y ahora también influye el «aumento excesivo de suministros» tanto en las energías como en las de otra naturaleza que son necesarias para la apertura de las instalaciones, añadió.

La Junta de Castilla y León acaba de aprobar el proyecto de ley de reforma de la Ley Reguladora de los Juegos y Apuestas que, entre otras novedades, aumenta de 100 a 150 metros la distancia que debe existir entre un establecimiento de apuestas y un centro educativo, mientras que habrá al menos 300 metros entre los sitios de juego, cualquiera que sea su naturaleza (antes tenían que ser del mismo tipo).

La lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales es otro de los objetivos de esta nueva normativa, junto con la especial protección de los menores y otros colectivos, como las personas con discapacidad o las personas con problemas de juego.EFE