En 2023 bajarán las medidas Covid, como la exención del pago de tasas por terrazas y bonificaciones a empresas por IBI e IAE
SANTANDER, 21 de octubre (Diario de Cantabria) –
El Municipio de Santander prevé congelar las tarifas, precios públicos e impuestos municipales hasta 2023 por octavo año consecutivo, salvo los de agua y alcantarillado, a los que se deberá aplicar el IPC por obligación del contrato con la empresa adjudicataria del servicio, por lo que que aumentará un 10,8 %.
Además, el año que viene se reducirán las medidas Covid que se implantaron en 2020 a raíz de la pandemia, como la exención del pago de tasas de terrazas, quioscos y mercadillos, las bonificaciones a empresas por el IBI e IAE o la reducción de la tarifa urbana.
El anuncio lo ha hecho hoy la alcaldesa, Gema Igual, quien ha explicado que, de aprobarse estas medidas, el Ayuntamiento dejará de percibir siete millones de euros que, sumados a las bonificaciones y exenciones que ya estaban en vigor, harán que las personas de Santander se ha ahorrado en torno a 27 millones de euros desde el inicio de la legislatura.
“Nos volvemos a poner en el lugar de los ciudadanos, en un contexto económico muy complicado y por eso no vamos a aplicar la subida del 10,8% del IPC, que equivale a establecer una rebaja de ese valor a tasas, impuestos y precios públicos”, comentó.
Asimismo, destacó que el Ayuntamiento favorecerá a más familias aumentando los sectores económicos y creando nuevos bonos en las tarifas de agua, basura y alcantarillado.
El concejal ha subrayado el «gran esfuerzo» realizado por el Ayuntamiento para no afectar a las «subidas históricas» de precios de este año «y dar un alivio a las economías familiares», a pesar de que ello supone una importante disminución de los ingresos municipales «ya afectados». desde 2021 por la pérdida de 4,3 millones en el impuesto de plusvalías».
De esta forma, el tipo impositivo aplicable al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se mantendrá en el 0,40, «el mínimo permitido por la ley y el más bajo en las capitales de provincia», lo que supone 4,7 millones de euros que el Ayuntamiento deja de introducir por no aplicar la IPC.
También se congelan las ganancias patrimoniales y se mantiene la supresión de la licencia de apertura para establecimientos de menos de 400 metros “con el objetivo de fomentar la actividad económica, formar a los emprendedores y pequeños negocios y crear empleo”, ha dicho Igual.
En cuanto a las tarifas de agua y alcantarillado, en las que, por obligación contractual, se debe aplicar el IPC, el alcalde aseguró que esta subida «supondrá alrededor de un euro por familia al mes» y destacó que, con el fin de equilibrar esta subida, la economía se amplían los rangos de descuentos “para que muchas más familias puedan beneficiarse”.
En cuanto a la tarifa de basuras, se mantiene la bonificación del 10% para basuras no domésticas y se incrementan los descuentos, aumentando las bandas económicas, que también se aplicarán a la tarifa de agua.
De esta forma, las rentabilidades inferiores a 1,5 IPREM tendrán una bonificación del 95% (antes era del 80% e incluso rentabilidades equivalentes al IPREM) y se añadirá un nuevo tramo entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, con una bonificación del 50%.
“Con esta medida se articulan descuentos muy superiores y se aumenta el número de ciudadanos que podrán beneficiarse de ellos”, ha resumido.
Además, también se incrementa la bonificación para parados y para familias numerosas monoparentales con una renta inferior al triple del IPREM, pasando del 75% en agua y el 80% en basura al 95% de bonificación en ambos. Y mantienen la misma bonificación del 50% para el resto.
Según ha explicado el alcalde, en base a una estimación de años anteriores, se puede estimar aproximadamente que en el caso de agua y alcantarillado, la concesionaria podría dejar de cobrar, por estas bonificaciones, un total de 370.000 euros «lo que se quedará en el bolsillo de familias y personas de Santander con menos recursos».
Y en el caso de la basura, estas nuevas medidas permitirán a empresas y ciudadanos ahorrar 520 mil euros, “demostrando, una vez más, que el Ayuntamiento sigue apoyando a las familias, autónomos y emprendedores de Santander”, incidió Igual.
En cuanto a los precios públicos, también estarán congelados, como ha ocurrido en años anteriores, lo que significa que, por ejemplo, en el caso del autobús municipal, se mantendrán las mismas tarifas desde 2011. Lo mismo ocurre en los centros, los Instituto Municipal de Deportes, la Ordenanza de Limitación de Estacionamientos, el Conservatorio, etc. Todo ello supone un ahorro para los santandereanos estimado en algo más de un millón de euros para 2023.
DECLINACIÓN DE LAS MEDIDAS COVID
Otra de las novedades que contemplan las ordenanzas fiscales propuestas para 2023 es que las medidas Covid que se implementaron en 2020 como consecuencia de la pandemia y que se mantuvieron vigentes tanto en 2021 como en 2022, como la exención del pago de tasas por terrazas, quioscos y mercadillos, bonificaciones a empresas por el IBI e IAE o la reducción de la tarifa urbana, por importe de 1,3 millones de euros.
En este sentido, el alcalde ha recordado que durante la pandemia, el Ayuntamiento ayudó a las empresas con más de 21,3 millones de euros, entre la rebaja fiscal que ascendió a 7,3 millones de euros y más de 14 millones en ayudas directas, además de la dinamización del comercio, hoteles y turismo con bonos descuento que inyectaron alrededor de 7 millones de euros en los establecimientos participantes en las campañas.
PROCESANDO
El Ayuntamiento ha aprobado hoy, en sesión extraordinaria, los cambios en las ordenanzas de agua, basura y alcantarillado, que son las únicas que cambian ya que las demás, al quedar congeladas, no es necesario adoptar ningún acuerdo expreso al respecto. .
Estas medidas, que el equipo de Gobierno del PP-Cs trasladó esta semana al resto de grupos políticos municipales para recabar su apoyo y también en la Asamblea de Portavoces de este viernes, serán llevadas el próximo lunes 24 a la Comisión de Economía para su aprobación ante el Pleno. donde serán sometidos, a su vez, para su aprobación inicial.
Después de 30 días de exposición pública, si no hubiera denuncias, las ordenanzas serían automáticamente aprobadas. Si se presentan alegaciones, deben ser examinadas y resueltas antes de llevar las ordenanzas nuevamente al pleno para su aprobación final.
