Palencia (EFE).- Los abogados de las familias de Manuela y Virginia, las niñas de la localidad palentina de Aguilar de Campoo, desaparecidas desde 1992, han anunciado que recurrirán ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para encontrar averigua qué pasó con los menores, de 14 y 13 años, que se dirigieron una tarde a Reinosa (Cantabria) y nunca regresaron a casa.
La representación legal de las familias explicó a Efe que tomaron esta decisión tras conocer que el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de protección interpuesto por la desaparición de Virginia Guerrero y Manuela Torres Bougueffa, de quienes no se ha tenido noticia desde entonces. 24 de abril de 1992.
“Ante este nuevo revés para la Justicia española, recurriremos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, una vez agotadas las posibilidades judiciales que alegamos para conocer el paradero de Manuela y Virginia en nuestro país”, detalló en un comunicado. escribiendo el Gabinete Jurídico Criminológico Balfagón & Chipirrás, que representa a las familias.
“Entendemos que negar esta posibilidad viola los derechos humanos de las familias”, prosiguió la representación legal, que siempre insistió en que explorarían todas las vías a su alcance ante lo que consideran una clara indefensión de la población. familias.
Lo último que se sabe de ellos es que hicieron autostop desde Reinosa (Cantabria), donde habían ido a pasar la tarde, para regresar a su casa de Aguilar de Campoo (Palencia), que estaban en una discoteca y en un parque. y que entraron en un asiento 127 blanco o crema.
En mayo de 2021 se reabrieron las investigaciones tras el testimonio de una mujer en un programa de televisión y un año después el Juzgado de Cervera de Pisuerga acordó el sobreseimiento provisional de la causa, asegurando que “no había ningún autor conocido en la comisión del crimen”. crímenes”. hechos objeto de la denuncia”.
Posteriormente, la Audiencia Provincial de Palencia confirmó el auto y la representación letrada recurrió ante el Tribunal Constitucional para determinar si hubo vulneración de derechos fundamentales en la decisión que cerró definitivamente el caso.
Derechos fundamentales
La representación legal argumenta que se vulneraron derechos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva e insiste en que durante la investigación reabierta en 2021 no se admitió ninguno de los procesos planteados por la representación de las familias y sobre “los errores” que, según a este cargo, se incurre en la sentencia de la Audiencia Provincial.
Como ejemplo, solicitan una nueva inspección de la mina de Fontoria (una mina de magnesita en Cantabria, donde se realizó una búsqueda en 1992 tras dos llamadas anónimas a la Guardia Civil) y de la Cueva Cervatos (un lugar cercano a Reinosa ideal para esconder los cadáveres según a la propia investigación) para buscar los restos biológicos de las niñas, utilizando técnicas y recursos que existen ahora y que no existían cuando se llevó a cabo tras su desaparición hace más de 30 años.
Los abogados recuerdan que España es miembro de la convención de Naciones Unidas para la búsqueda de personas desaparecidas e insisten en los «vacíos legales» que existen en los casos de personas desaparecidas y especialmente cuando son menores de edad. EFE
