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El fiscal mantiene los 25 años a la acusada de decapitar a su novio y la defensa plantea el encubrimiento

El fiscal mantiene los 25 años a la acusada de decapitar a su novio y la defensa plantea el encubrimiento

“La investigación se cerró falsamente, Carmen debe ser considerada inocente y el contador reseteado”, pide su abogado

SANTANDER, 17 de noviembre (Diario de Cantabria) –

El fiscal del caso ‘Caveira de Castro Urdiales’ ha hecho definitivas sus conclusiones en el penúltimo día del juicio contra Carmen Merino, acusada de decapitar a su pareja, Jesús María Baranda, y por la que pide 25 años de prisión por asesinato con traición a la patria (imposibilidad de defensa) y con el agravante del parentesco, entendiendo que existen “numerosos datos” que son “fuertes indicios” de que cometió el delito, por qué y cómo.

Mientras tanto, la defensa ha insistido en la absolución gratuita de Merino -que habría entregado un paquete con la cabeza de su novio a una amiga para que se lo guardara alegando que contenía juguetes sexuales-, ya que «no provocó» la muerte ni cooperó «. de ninguna manera ninguno». Sin embargo, esta parte, que considera que existen «dudas suficientes» para que el jurado dicte sentencia, modificó algunos hechos de su escrito provisional e introdujo como conclusión subsidiaria la práctica del delito de encubrimiento.

«Esta investigación se cerró falsamente. Hay que declarar inocente a Carmen y hay que poner a cero el contador y que empiece la verdadera investigación», dijo Eduardo García Peña, abogado de Merino, ante un «desastre» de la investigación. se negó a ejercer su derecho a la última palabra: «No, Excelencia, no quiero decir nada», indicó el juez que preside el juzgado de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Por su parte, el Ministerio Fiscal -que ejercen los hijos del fallecido, un banquero vasco jubilado que tenía 67 años cuando desapareció- ha insistido en la prisión permanente sujeta a revisión por homicidio atribuido al imputado, un hombre de 64 años. . anciano sevillano, internado en el centro penitenciario de El Dueso (Santoña) desde el macabro hallazgo, en septiembre de 2019.

La abogada de la familia, Ana Quintana, ve «total y absoluta premeditación» y una finalidad «muy clara», y pide, subsidiariamente, al Ministerio Público la misma pena de prisión y 35.000 euros para los hijos de Baranda por daño moral (el Ministerio Público pide 20.000, también para el hermano del difunto).

ELLA NO ES PSICÓPATA Y UTILIZÓ ALCOHOL PARA CUMPLIR LA TAREA DE LA MACABRA

En sus alegatos finales, el fiscal hizo un recuento cronológico de los hechos que acusa a la imputada, quien negó su participación en los mismos y señaló al amigo a quien le entregó la caja y también al hermano de Baranda; de búsquedas en el ordenador de Merino de octubre de 2018 -relacionadas con el cobro de la pensión alimenticia en caso de desaparición del marido o cuánto tarda en descomponerse un cadáver, cuando cree que cuando empezó a «enganchar el plan» por «razones económicas»- hasta que apareció la cabeza, en septiembre de 2019.

Considera que el sospechoso «anticipó el futuro» antes de cometer el crimen -las acusaciones lo sitúan a mediados de febrero en el apartamento de la pareja, en la calle Padre Basabe de Castro- con estas búsquedas en internet y también haciendo «cobro», en noviembre, de diazepam (un ansiolítico que ella recetó y que se encontró en el cráneo, pero la cantidad no se determinó por el estado en que se encontró, por el tiempo transcurrido y porque fue manipulado y sometido a una fuente de calor). Pero ella cree que mató a su novio «intencionalmente» porque «de lo contrario, todo lo demás no tiene sentido».

“La señora Merino no es una psicópata”, dijo el fiscal, haciéndose eco de la conclusión del informe pericial psiquiátrico realizado contra el imputado. A su juicio, «tuvo que consumir alcohol para poder llevar a cabo la macabra faena que tuvo lugar en ese domicilio», en alusión así a la adquisición de varias botellas de whisky y al supuesto descuartizamiento del cuerpo con una motosierra (de la que también hay búsquedas por computadora y prueba de compra, además de limpiadores de «escena del crimen»)

Asimismo, se refirió a la «historia de los viajes» que contó Merino a familiares y amigos que preguntaron por Baranda y la «manipulación» de teléfonos cuyo uso se atribuyó a los desaparecidos y que según los peritos no salieron de Castro, según la señal móvil en los repetidores.

También destacó que un primo de la víctima, no el imputado, denunció la desaparición, y su reacción cuando se descubrió el cráneo, así como una exposición de hechos en la audiencia oral que «no tiene sentido» y carece de «lógica y coherencia». «. , basado en «intentar culpar a otras personas de lo que ella hizo». Y “hoy hay otro cambio de versión. Hoy dice que colaboró ​​ocultando pruebas. Eso no nos lo dijo en su testimonio. ¿Cuándo dice la verdad la señora Merino?”, preguntó el fiscal a los jurados.

Trincheras de DEFENSA: COBERTURA O ASESINATO, NO ASESINATO

La defensa advirtió a los miembros del tribunal que este juicio «no es una disputa» sobre «quién da el relato más lógico y coherente», sino que deben basar su veredicto en «pruebas y hechos» con un «grado de certeza» suficiente. y no en deducciones, imaginaciones o sospechas -dijo-, porque no es «un enigma»

Este letrado dividió su intervención en cuatro temas -o «trincheras», como él los definió- que relacionó con «lo que hay y lo que no hay», es decir, certezas y dudas sobre lo ocurrido. La primera, que «no hay causa de muerte» porque «no hay» pruebas y «no se sabe» qué y cómo murió Baranda, ámbito en el que «no vale» -señaló- «me imagino , creo o me parece”: “Esto no es un concurso de literatura: aquí hay que demostrar los hechos”.

Así, sin saber de qué murió ni por qué acción, no existe un «nexo de causalidad» con el homicidio o asesinato, ya que «descuartizar o decapitar un cadáver no es prueba de matar», sino que es «otra cosa», tiene diferenciado. En línea, pidió a los jurados que separen los hechos antes y después de la muerte, como la búsqueda de la descomposición de un cadáver, que «por sí solo no prueba nada».

Y aunque la muerte fue violenta, no se sabe ni hay constancia de su autoría, a ojos de este abogado, quien aclaró que no se la atribuye -ni la posible participación en los hechos- «a nadie», sino a quien exponga sus «dudas», aludiendo así a las «sospechas» de la Guardia Civil de que había más gente (se investigó al hijo de Merino pero se descartó que estuviera implicado).

En tercer lugar, planteó la posibilidad de que su cliente participara en la destrucción de pruebas o en el ocultamiento del culpable, lo que sería un «encubrimiento» por motivos como «dinero, miedo o amor». Momento en el que la defensa explicó que su obligación es «abrir todo el abanico», sobre todo cuando el fiscal no lo hizo y lo llevó a un terreno y una posición «antinatural».

Finalmente, consideró que «en el peor escenario posible» Merino podría ser condenado por homicidio culposo, pero «nunca» por asesinato, ya que el «vacío probatorio es completo y absoluto» en cuanto a si el delito se cometió en su domicilio o si ingirió una cantidad alta e involuntaria de diazepam.

CONTAMINACIÓN Y CIENCIA FICCIÓN

El Ministerio Público considera que el defensor intentó “contaminar” el proceso en un “afán de introducir a terceros” en este crimen “macabro y aterrador”, que atribuye a Merino, con “total y absoluta premeditación” y con una “muy propósito claro.

Esta abogada cuestionó que no se declaró inocente en un primer momento, que fue «tan amplia» cuando asomó la cabeza o su «falta de transparencia», y denunció «contradicciones» y «mentiras» en las que incurrió en el interrogatorio.

Sin embargo, calificó de «ciencia ficción» la versión «fantasiosa e incierta» de lo ocurrido que ofreció Merino, que «ha intentado como ha podido, torpemente, encajar y estructurar afirmaciones que no se sostienen», pero «la secuencia de prevalece el acontecimiento”.

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