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El jurado declara culpable de homicidio a la acusada de decapitar a su novio en Castro Urdiales

El jurado declara culpable de homicidio a la acusada de decapitar a su novio en Castro Urdiales

La acusación y la fiscalía buscan una sentencia de 15 años de prisión, el máximo posible según el veredicto.

SANTANDER, 18 de noviembre (Diario de Cantabria) –

El jurado del caso ‘Caveira de Castro Urdiales’ declaró culpable de asesinato a Carmen Merino, acusada de decapitar a su pareja, Jesús María Baranda, basándose en pruebas como búsquedas en Internet y compras reiteradas de productos de limpieza.

Así lo resolvió este viernes el tribunal mayoritario, tras considerar a ocho de sus nueve integrantes que participaron como autores materiales de la muerte del compañero. Los miembros del jurado deliberaron sobre la última jornada del juicio contra los imputados, que ha tenido lugar esta semana y la anterior en la Audiencia Provincial de Cantabria y que, tras el veredicto -compuesto por un cuestionario con un total de 13 puntos-, se ha visto para sentenciar

Una vez dictada la sentencia, Merino será condenado por el delito de homicidio con parentesco calificado. Este delito puede acarrear penas de entre 12 años y medio y 15 años de prisión, por lo que el Ministerio Público y el Ministerio Público pidieron la pena máxima y la defensa la mínima.

Así, Merino se enfrenta ahora a una pena máxima de 15 años por homicidio, cuando hasta ahora el Ministerio Público había pedido 25 por homicidio con traición a la patria y la acusación particular -que ejercían los hijos de la víctima, un banquero jubilado de 67 años cuando desapareció-. Requiere prisión perpetua revisable.

El Ministerio Público solicitó una pena máxima de 15 años -a la que se adhirió el abogado del Ministerio Público-, teniendo en cuenta el parentesco ya que hubo un «motivo económico» para la comisión del delito, lo que a su juicio implica «mayor censura de culpa». «.

En cuanto a la responsabilidad civil, mantuvo lo establecido ayer en la ronda final, pidiendo 20.000 euros para cada uno de los dos hijos de la víctima y otros 20.000 para el hermano. El Ministerio Público, por su parte, reclamaba 35.000 euros por cada niño.

Además, como consta en su carta, el Ministerio Público admitió la solicitud de medida de libertad condicional mientras cumplía la pena.

Sin embargo, la defensa optó por la pena mínima posible por el delito de homicidio con agravante de parentesco, 12 años y medio, aunque advirtió que eso no significa que «el resultado de la sentencia sea correcto» y se reserva la posibilidad de apelación. ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Los miembros del jurado fueron convocados a las 9:30 am y leyeron el tema de su veredicto doce horas después, alrededor de las 9:30 pm. Unas dos horas antes se celebró una audiencia pública de unos quince minutos en la que el magistrado Agustín Alonso resolvió una duda.

Y es que pidieron modificar una de las cuestiones, la de saber si Merino «causó intencionadamente la muerte» de su pareja, para poner en su lugar que él «participó» en su muerte. El juez les autorizó a realizar el cambio, siempre que quede claro si el imputado participó como autor o como cómplice o cómplice del delito.

Este punto cobró especial relevancia después de que ayer, tras dos semanas de juicio, la defensa presentara una posible nueva versión de los hechos. El abogado de Merino sostuvo que su defendida «no provocó» la muerte de su novio, pero, alternativamente, si el jurado no optaba por la absolución gratuita que pedía, argumentó que pudo haber encubierto al verdadero asesino. Una posibilidad que, en base a las respuestas del jurado, quedó descartada.

HECHOS COMPROBADOS

Así, dejando la pregunta como inicialmente formulada, el tribunal consideró probado con cinco de nueve votos que la mujer “causó intencionalmente la muerte” de Baranda en fecha indeterminada de 2019; aunque con la modificación introducida, todos sus miembros, excepto uno, dieron por probado que «participaba, en calidad de autor». Asimismo, ocho de los nueve miembros del jurado creen que las acciones de Merino «provocaron la muerte» de su novio.

Se basaban en indicios como la compra «reiterada» de productos de limpieza o las búsquedas que hacía en Internet desde su ordenador: «si mi marido desaparece, cuánto tiempo tarda en cobrar la pensión alimenticia», «cuánto tiempo tomar por un cuerpo para descomponerse» o «cómo destapar una motosierra», cuando según ella Jesús María no utilizó esta herramienta y teniendo en cuenta que la buscó tras la desaparición de su compañero.

Además, también aludieron a los rastros encontrados en las bolsas del paquete que le dio a su amiga para que se lo guardara, diciendo que contenía juguetes sexuales, en los que aparecía la calavera.

Además, con ocho votos, la declararon culpable de matar a su pareja «a sabiendas y a sabiendas de lo que estaba haciendo», ya que argumentaron que las pruebas forenses psiquiátricas «no mostraban trastorno psicótico, trastorno afectivo mayor o trastorno de personalidad», así como que «conserva sus facultades cognitivas y volitivas con juicio preservado de la realidad».

Constataron, por unanimidad, que ella actuó con la intención de aprovechar económicamente los bienes y dinero de su socio, habiendo sido nombrada heredera universal por testamento de éste. Para eso, aludieron a «problemas económicos, créditos y diversas deudas de ella y los hijos», a «constantes retiros de dinero de la cuenta» tras la desaparición del hombre y que estarían «protegidos por el cambio de testamento». . que tuvo lugar en agosto de 2018, de la que Merino resultó «sustancialmente beneficiada».

Por otro lado, y con base en la prueba pericial, la mayoría -siete votos contra dos- coincidió en que «nadie ha podido probar» la cantidad de diazepam que ingirió la víctima o que le dio el imputado.

Por unanimidad, y basándose en las declaraciones y en la propia declaración del acusado, confirmaron que Merino y Baranda convivían en su domicilio de Castro Urdiales desde 2011 y que mantenían una relación sentimental y «estable».

El jurado decidió por seis votos contra tres que el imputado no debe acogerse a la suspensión de la pena privativa de libertad, y por siete contra dos que no debe proponerse al Gobierno Nacional el indulto total o parcial de la pena.

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