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La Fiscalía y la Abogacía de Cantabria recurrirán la condena al juez Acayro Sánchez

La Fiscalía y la Abogacía de Cantabria recurrirán la condena al juez Acayro Sánchez

La defensa también recurrirá la decisión del TSJC que le inhabilita durante cinco años por prevaricato judicial.

SANTANDER, 10 de noviembre (Diario de Cantabria) –

La Fiscalía y el Colegio de Abogados de Cantabria también recurrirán la sentencia que condenó al titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número un abogado, que interpuso una denuncia contra él ante la organización profesional.

El Ministerio Público y el colegiado anunciaron este jueves la interposición del recurso de apelación ante el Supremo Tribunal Federal, que se sumará así a lo que presentará la defensa del magistrado, según informaron sus representantes legales y de comunicación tras el conocimiento de la sentencia. , dictada el 31 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El Ministerio Público informó en una nota que apelará la resolución “por no estar de acuerdo con la aplicación del error de prohibición, así como la no aplicación de la continuidad penal”.

Y el Colegio de Abogados confirmó a este organismo que interpondrá un recurso ante el TS, tal y como decidió este miércoles la Junta Directiva. La decisión ya ha sido comunicada a la abogada que representa a la entidad en este proceso, Carmen Sánchez Morán.

A su vez, la defensa apelará la decisión del TSJC por violación de derecho, violación de forma y violación de precepto constitucional, con fundamento en distintos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

RESOLUCIÓN «INJUSTA»

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria consideró «desleal» la decisión del juez de recabar, en el curso de otros procedimientos, información sobre la justificación de la contratación de técnicos externos -el letrado en cuestión por parte de los ayuntamientos- y exigir la aportación de los contratos menores con los que se llevó a cabo.

Y además de inhabilitarlo para el ejercicio de la función judicial -con pérdida definitiva del cargo que ostenta-, el TSJC impuso a Acayro Sánchez una multa de 2.700 euros -a razón de 15 euros diarios durante seis meses- e indemnización de 5.000 euros al denunciante, José María Real del Campo.

La Fiscalía de Cantabria -representada por su superior, Pilar Jiménez- y el colegiado exigían 15 años y un día de inhabilitación especial para el magistrado -y 12.000 euros de multa y 5.000 en concepto de indemnización- por prevaricación judicial continuada, por dictar resoluciones” irrazonable» para «perturbar y dañar» al denunciante. Mientras tanto, la defensa, ejercida por Javier Sánchez-Vera, se interesó por la libre absolución de su defendido.

La Sala, compuesta por los jueces Rubén López-Tamés, Clara Penín y José Luis López del Moral -ponente de la resolución y presidente del TSJC, a quien Acayro Sánchez impugnó este cargo-, apreció el delito de prevaricación judicial, pero no prosiguió. , en una de las siete decisiones dictadas por el juez analizadas en el ámbito de este caso, derivadas de dos procedimientos administrativos en los que intervino, ya que fueron tramitados por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander entre 2017 y 2019.

En el primero, el magistrado titular -suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial al abrirse juicio oral y que solicitó su traslado al País Vasco- se centró en investigar la relación contractual entre Real del Campo y el Ayuntamiento de Castañeda. a través de facturas de pago de servicios prestados; y en el segundo, por deducir testimonio ante el Ministerio Fiscal contra el autor por el presunto delito de falsificación de documentos en trámite en el Consistorio de Alfoz de Lloredo.

La audiencia se celebró el 18 de octubre durante unas siete horas y el juez aceptó su derecho a no declarar a las partes por motivos legales -en un caso basado principalmente en la prueba documental- y también se negó a ejercer la última palabra.

PREVARICACIÓN, PERO NO CONTINÚA, POR RESOLUCIÓN

Tras el pleno, el TSJC le condenó mediante resolución, dictada el 20 de diciembre de 2018, a exigir justificación sobre la contratación de técnicos externos y solicitar la aportación de contratos menores “cuando no fuera necesario para la más certera decisión del asunto sometido a su consideración y excedió claramente el objeto de las actuaciones judiciales».

La Sala entendió que “la finalidad” del juez, al pedir justificación sobre la contratación de técnicos externos y solicitar la aportación de contratos menores, “no es en absoluto necesaria -insistió- para la más certera decisión del asunto sometido a su conocimiento”. apreciación y superando notoriamente el fin del procedimiento era precisamente investigar supuestas irregularidades en dichas contrataciones”.

Además, consideró que Acayro Sánchez no actuó «en contra de su convicción», sino que «al contrario, creyó erróneamente que actuaba de acuerdo con su deber profesional». Esto, explicaron los jueces que lo procesaron, “no quiere decir que consideremos su conducta como un error de prohibición directa -el autor por convicción no se encuentra necesariamente en una situación de error de prohibición-, pero nos encontramos en el campo del error. en la medida y los límites de una causa sin justificación, es decir, frente a un error de prohibición indirecta”.

SENTENCIA SEGUNDA DE ACAYRO SÁNCHEZ

Acayro Sánchez, que hace quince años impulsó una investigación por irregularidades urbanísticas en Castro Urdiales, ya estaba en el banquillo, en diciembre de 2015, por presunto descubrimiento y revelación de secretos por parte de un constructor, que lo había denunciado ante el Consejo General de Justicia. .

Luego fue condenado por el TSJC a un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación absoluta, y posteriormente absuelto, en julio de 2016, por el Tribunal Supremo, que también desestimó el recurso contra el nombramiento de López del Moral.

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