SANTANDER, 25 de septiembre (EUROPA PRESS)-
Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander (PSOE, PRC e IU-Podemos) denunciaron la «última maniobra» del PP para «garantizar» una resolución judicial contraria a la modificación que incorporaba comisiones de investigación al Reglamento, y dar un «atraso» como esto para una investigación de contrato público de residuos.
Así lo denuncian en un comunicado, después de la Comisión de Participación de este lunes, en la que el Partido Popular impuso su mayoría absoluta para presentar en el próximo Pleno de septiembre un nuevo acuerdo en el que aprobará el allanamiento al Ayuntamiento en el proceso judicial que continúa en El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), a favor de la actuación de los concejales del PP contra el acuerdo de 23 de diciembre de 2021.
De esta forma, los grupos denuncian que el PP impedirá que el TSJC se pronuncie sobre el fondo de la cuestión y celebre una comisión de investigación sobre el anterior contrato de basuras, como pretendía la mayoría del Pleno de la anterior legislatura y cuyo inicio bloqueó la alcaldesa, Gema Igual (PP), con un decreto que también puede ser recurrido ante los tribunales.
Según afirmaron reiteradamente, el objetivo de la comisión de investigación de basuras era esclarecer “las irregularidades que llevaron a que la ciudad estuviera más sucia que nunca” y “esclarecer responsabilidades políticas” por “el incumplimiento de contrato y el deterioro de un servicio esencial”. público que continúa a día de hoy con un contrato de emergencia que, en noviembre, cumplirá dos años cuando se preveía que durara sólo nueve meses.
Además, los grupos de la oposición destacaron que el PP excluye la posibilidad ofrecida en sus informes, tanto de la Asesoría Jurídica municipal como de la Secretaría General, de una revisión de oficio del acuerdo del Pleno impugnado por el PP, que habría permitido consolidar la modificación de reglamento para incorporar comités de investigación.
En cualquier caso, para la oposición, fue el PP, desde los órganos que controlaba (Presidente de la Cámara y Junta de Gobierno Local), el que realizó un “tratamiento defectuoso” de aquel acuerdo del Pleno, al omitir el trámite y el dictamen de los el Comité de Participación se llevó a cabo el 18 de junio de ese año, lo que “ahora se reconoce en los informes que fue completamente legal”.
Tampoco obtuvo de los servicios municipales los informes de avance vinculados al acuerdo del Pleno, que «era de su competencia y no de los grupos políticos», tratándolo finalmente como una aprobación definitiva, «haciendo una lectura interesada y contraria a derecho de el acuerdo.» y «al contrario de lo que indicaron portavoces», «intentar forzar su anulación».
Con el allanamiento, que, recordemos, el PP ya intentó en la última legislatura, declina también la defensa jurídica exterior que el Pleno aprobó a propuesta de la mayoría, para ejercer su legítima defensa frente al proceso de los concejales del Partido Popular contra el Cámara Municipal. . “Los grupos de conductores se encuentran ahora completamente indefensos”, informaron.
Finalmente, lamentaron que «toda la intención del PP fuera obstaculizar y ocultar» a la población santandereana los motivos que llevaron a la formalización de un contrato «tan perjudicial» para la ciudad, la «ausencia de supervisión» del servicio durante años , la resolución del contrato, los «costes extras para la ciudad por la emergencia generada» y el «perjuicio económico» a las arcas municipales por las múltiples decisiones contrarias al interés municipal.
