Con estas ayudas se pretende que los alumnos de la escuela concertada no se vean obligados a desplazarse a un centro público para realizar sus estudios de grado por falta de recursos.
SANTANDER, 16 de octubre (EUROPA PRESS)-
El grupo popular y Vox acordaron y llevaron a cabo este lunes en el Parlamento de Cantabria una iniciativa para instar al Gobierno de Cantabria (PP) a articular, de cara a los próximos cursos, becas y ayudas públicas para que los alumnos de los colegios concertados no tengan que acudir a al sistema de escuelas públicas asistir a la escuela secundaria sólo porque “no tienen recursos económicos suficientes” para pagarla en el mismo centro.
PP y Vox explicaron que el objetivo es evitar que las familias de Cantabria no puedan garantizar la continuidad de sus hijos en el mismo centro concertado donde completaron la educación obligatoria porque no tienen recursos suficientes y tienen que asistir a un centro público para completar su Grado .
La iniciativa, procedente de Vox pero que fue modificada sustancialmente a través de una enmienda del PP, pide inicialmente al Gobierno que realice un «estudio exhaustivo» sobre los datos de matrícula en los centros privados de Cantabria apoyados con fondos públicos que ya cuentan con coordinación en los niveles básicos. y Secundaria, así como el perfil del alumnado “con el fin de ofrecer facilidad de matriculación en el Grado en futuros cursos a estudiantes pertenecientes a familias que, por no disponer de recursos económicos suficientes, podrían verse privados de continuar su formación en el mismo centro.
Y es en el segundo punto donde se pide al Gobierno que “articula, en el ámbito del sistema regional de becas y teniendo en cuenta criterios de renta familiar per cápita, ayudas a las familias de la región cuyos hijos deseen cursar la Licenciatura en el centro privado donde han estado matriculados en etapas de educación obligatoria», seguramente con el Ministerio de Educación.
El cambio original, propuesto por Vox, iba más allá y lo que se pedía era articular la posibilidad de ampliar los conciertos con los centros privados de educación postobligatoria que lo soliciten y poner en marcha un bono escolar que permita a las familias elegir libremente el colegio al que asistir «sin su situación social o económica lo impide”, incluida la fase postobligatoria (licenciatura o formación profesional superior).
La propuesta no legislativa fue rechazada por el PSOE y el PRC, que la criticaron duramente.
Por un lado, los socialistas consideran que esta iniciativa en la que PP y Vox «van de la mano», «ponen en duda sobre el terreno» el actual sistema educativo de Cantabria es que «socava uno de sus principios básicos», ya que es «igualdad de oportunidades.
“Hemos estado hablando hasta ahora de negocio sanitario y ahora hay que hablar de educación para la empresa”, afirmó el diputado del PSOE, Jorge Gutiérrez, en alusión a la polémica generada en los últimos días por las palabras del ministro de Sanidad, César Pascual, en las que Comparó las listas de espera y los viajes aéreos, afirmando que los pasajeros de negocios no hacen cola y los pasajeros turistas deben hacerlo.
El socialista considera que esta iniciativa pretende incrementar los ingresos de los centros privados ofreciéndoles recursos educativos públicos y dijo que con ella el PP deja que Vox «tome las riendas de la educación en Cantabria». En este sentido, garantizó que los socialistas serán un «muro de contención» contra los «ataques a la educación pública» y los intentos de «privatización».
Por su parte, el PRC considera que la propuesta «rompe el equilibrio» entre los centros públicos y concertados en los que se basa el sistema educativo de Cantabria, sin que, a su juicio, exista una razón de peso para ello, más allá de permitir que los alumnos concertados no tengan cambiar. escuelas, un “capricho” que, según la regionalista Teresa Noceda, costaría a las arcas públicas casi 3,2 millones.
Noceda mostró su «gran decepción» con el PP por esta iniciativa y opinó que el sistema de becas propuesto supondría que «los pobres tendrían que pagar el título de educación secundaria a los ricos».
PP Y VOX NO ESTÁN DE ACUERDO EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Sin embargo, en el pleno de hoy no todo fue acuerdo entre el PP y Vox, que iniciaron el pleno cara a cara sobre la reestructuración del sector de las empresas públicas y las fundaciones comunitarias.
Y el PP votó, como el PSOE y el RPC, en contra de una iniciativa de Vox para instar al Gobierno a presentar al Parlamento el plan de reestructuración del sector público empresarial e institucional «lo antes posible».
Vox, que se presentó en solitario en la iniciativa, solicitó que «se detalle la supresión o fusión de entidades públicas, la reducción de gastos corrientes y ajustes de personal, que permitan cubrir el déficit que se genera, cada año, en las empresas y entidades públicas de Cantabria».
El PP, aunque reafirmó su compromiso de llevar a cabo esta reestructuración del sector público, como ya hizo el concejal Luis Ángel Agüeros en el anterior pleno, votó en contra al considerar que la iniciativa tiene un «marco negativo». Vox en un sector público que es «necesario» y «fundamental para llegar donde el Gobierno no puede llegar» y que debe estar dotado del personal adecuado para desempeñar sus funciones.
Además, pidió «dar tiempo» al Gobierno para «obtener datos, analizarlos y tomar decisiones» de forma «razonada», «justa» y «medida.
Su adjunto Miguel Ángel Vargas también aclaró que el Gobierno del PP, aunque tiene el «compromiso» de llevar a cabo esta reestructuración, ello no quiere decir que vaya a «reducir por reducir» la plantilla que trabaja en empresas y fundaciones del país. . Sector público. .
En este sentido, Vox reprochó al PP su «timidez», ahora que está en el Gobierno, a la hora de hablar de la reestructuración del sector público cuando -recordó- es algo que tenía en su programa electoral.
También criticó que ahora se hable de medidas «no traumáticas» en relación con la plantilla del citado sector público, cuando reconoció que el aumento del gasto en las mismas ha crecido «de forma descontrolada».
Si no van a hacer nada traumático, nos tememos lo peor», dijo la portavoz del grupo Vox, Leticia Díaz, quien se burló de que el PP se hubiera comprometido a redimensionar el sector público y ahora el consejero dice que eso es “razonable”, pero “reconocible y reducible” y que exista “algo de margen”.
A Vox le hubiera gustado más precisión por parte del asesor sobre este margen y sobre lo que indica el informe preliminar sobre la situación actual del sector público que, como adelantó Agüeros el pasado lunes, elaboró el ICAF.
Por su parte, el PSOE también votó en contra de la propuesta de Vox al considerar que no se puede partir de un plan «preconcebido» para suprimir entidades, sino que es necesario leer primero el informe preliminar del ICAF y analizar la situación.
Los regionalistas también dijeron «no» a la propuesta de Vox y acusaron al PP de «inconsistencia» por, según destacaron, haber denunciado el elevado número de altos cargos en el Gobierno PRC-PSOE cuando estaba en la oposición y ahora mantener «los mismos». número cuando lleguen al Ejecutivo.
El RPC garantizó que no pedirá la eliminación de cargos “si es necesario”, sino que lo que sí exigirá es que “se ganen su salario”.