SANTANDER, 16 de octubre (EUROPA PRESS)-
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Cantabria, STEC, “rechaza categóricamente el desvío de recursos públicos hacia la educación privada postobligatoria” y advierte de que “cambiar el equilibrio actual” con una decisión de este tipo “sería irresponsable y con consecuencias impredecibles, una eso desencadenaría una guerra escolar».
El STEC escribió a los grupos parlamentarios Regionalista, Socialista y Popular pidiéndoles que votaran en contra de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por la diputada de Vox, Leticia Rodríguez, que se debate este lunes en el Parlamento, en la que se insta al Gobierno de Cantabria a organizar las enseñanzas postobligatorias (Licenciatura y Formación Profesional Superior) y crear un bono escolar para todas las familias y, en su defecto, un sistema de becas que cubra el coste de la Licenciatura y Formación Profesional Superior que actualmente se imparte en centros privados en Cantabria.
Según explica el STEC en un comunicado, en la carta dirigida a los grupos parlamentarios se indica que el acuerdo sobre las etapas no obligatorias del sistema educativo es una decisión «puramente política», ya que no existe ningún precepto legal que obligue a las Administraciones educativas a prestar apoyo económico para estos estudios (a través de conciertos, becas u otros sistemas) en centros privados.
Según el sindicato, el PNL sólo apoya la coordinación de la enseñanza postobligatoria, evitando que los alumnos que finalizaron la ESO en un centro concertado tengan que cambiar de centro al no poder soportar el coste económico de continuar estos estudios en un centro privado.
Vox alega una supuesta ruptura de la continuidad pedagógica, que el STEC asegura «está garantizada en Cantabria, independientemente del cambio de centro. “Cambiar de centro, porque cambias de etapa educativa, no implica un problema pedagógico”, ha subrayado, destacando que esto ocurre en la red pública “obligatoriamente”.
Una vez más, el STEC opinó que Vox “dedica su actividad parlamentaria al servicio de chiringuitos educativos privados en la búsqueda de subvenciones” y “pretende desviar ahora más de 7 millones de euros para realizar el Bachillerato (que tendría un coste aproximado de 3,2 millones de euros) y los ciclos de FP de grado superior (3,9 millones), para un alumnado muy minoritario respecto a los que optan por la enseñanza pública.
El STEC también rechazó la enmienda de modificación del Partido Popular, en el sentido contrario que Vox proponía implementar un sistema de bono escolar. Un modelo que, según el sindicato, “ha transformado a Madrid en la comunidad con mayor segregación escolar de España y de Europa según la propia UNICEF”.
Además, aunque se presenta como un recurso para familias necesitadas, la experiencia de Madrid -en opinión de STEC- «demuestra que acaba extendiéndose a un pago generalizado también a las familias con rentas altas (35.913 euros al año por cada miembro de la familia), familia), constituyendo un desvío total de recursos públicos hacia bolsillos privados.
Respecto a la propuesta del PP de realizar un estudio sobre la educación privada concertada y sus necesidades, el sindicato pide que no se limite a la continuidad pedagógica y las facilidades de matrícula e incluya la implantación territorial de los centros concertados, sus criterios de selección de alumnos y profesores, la acogida de jóvenes en riesgo de exclusión, la relación entre cualificaciones y notas de la EBAU o la supervivencia del cobro ilegal de tasas obligatorias.
Finalmente, en la carta que envió a los grupos parlamentarios, el STEC advierte que “el equilibrio entre educación pública y privada es una cuestión extremadamente sensible”.
“Sindicatos como el nuestro, mayoritarios entre el profesorado del sector, están en contra de apoyar con dinero público a los centros privados, y, por tanto, defienden la desaparición total del régimen de consulta educativa. Por lo contrario. Cambiar el equilibrio actual con una decisión sería irresponsable y tendría consecuencias impredecibles, ya que desencadenaría una guerra escolar que no queremos, pero que el STEC tampoco rehuirá», advirtió.
