SANTANDER, 16 de octubre (EUROPA PRESS)-
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido este lunes en Santander a los inversores y directivos de Celsa poner «sobre la mesa» un plan industrial que incluya compromisos a largo plazo para este grupo, que es la primera empresa en producción de productos de material industrial de Cantabria, con una facturación en 2022 de 857 millones de euros y que emplea a más de 1.100 trabajadores en la región, especialmente en sus filiales Global Steel Wire y Global Steel Products.
Sordo, junto con la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, se ha reunido esta mañana con los delegados sindicales del grupo Celsa y con el secretario general de la Federación de Industrias de CCOO de Cantabria, César Conde, a quien ha trasladado el «compromiso absoluto» con el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo.
“Y a partir de entonces, lo que vamos a exigir, lo que ya estamos exigiendo a los inversores, a los directivos del grupo, es que pongan sobre la mesa un plan industrial”, dijo Sordo a preguntas de la prensa, antes de una reunión en Santander con delegados sindicales.
En este sentido, ha destacado que un plan industrial requiere «compromiso» tanto con la actividad como con inversiones «a largo plazo» y «estamos en este impasse.
Y aseguró a los cántabros y en concreto a los trabajadores del grupo Celsa que CCOO “presionará para que este cambio de titularidad del grupo no suponga una reducción de su actividad y estaremos absolutamente vigilantes”.
A principios de este mes, el Gobierno de Cantabria hizo un llamamiento al Gobierno de España para que aprobara las condiciones particulares que exige la comunidad autónoma para preservar el carácter estratégico de Celsa, en el acuerdo del Consejo de Ministros para autorizar el Plan de Reestructuración, y Pidió a los acreedores fondos «una mayor especificación» de las medidas a adoptar y «garantías» del cumplimiento de los compromisos, para que sean «vinculantes y exigibles.
En este sentido, los fondos apuestan por preservar la hispanidad de la empresa, así como mantener la plantilla; el mantenimiento de las capacidades productivas en España; y la búsqueda de un socio industrial español.
En septiembre, el Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó un acuerdo para defender la integridad, viabilidad, actividad y empleo del Grupo Celsa en Cantabria y España, en el que establecía una serie de condiciones particulares que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, envió una carta al Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez.
En el citado acuerdo, el Gobierno de Cantabria pretende garantizar el mantenimiento del principal centro de intereses, así como el domicilio fiscal y social del Grupo Celsa en España; prevenir cambios que conduzcan a una disminución de la actividad del grupo; un plan de reestructuración que incluya “compromisos específicos”; medidas de control de acciones y creación de un Consejo de Administración.
La facturación de Celsa representa el 49% del sector metalúrgico de Cantabria y representa el 3,6% del empleo industrial de la región.
La compañía invirtió más de 467 millones de euros durante el periodo 2001-2022 y el año pasado manipuló 1.895 toneladas, lo que la convierte en el primer usuario del Puerto de Santander en términos de volumen de mercancías.
